VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2024

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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

La Corte no es oposición

El control de la Corte a las políticas del Gobierno tiene un origen institucional y no sustituye el necesario debate político y social de las reformas

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger

Recientes fallos de la Corte Constitucional sobre una variedad de políticas del Gobierno Nacional han puesto de relieve las relaciones entre el máximo tribunal y la Casa de Nariño.

De hecho, desde su presencia en la cumbre COP28 en Emiratos Árabes, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló de la decisión de tumbar la no deducibilidad de las regalías de la pasada reforma tributaria como un “regalo a la empresa extractiva”.

Hace ya dos meses el alto tribunal anunció la inexequibilidad de la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica en el departamento de La Guajira, generando la caída de la mayoría de las medidas derivadas de la misma en materias como servicios públicos, educación, energía, entre otros aspectos.

Asimismo, la Corte falló tanto la inconstitucionalidad del artículo 19 sobre las regalías como dejar en firme el impuesto sobre los plásticos de un solo uso.

Además, en marzo pasado de este año, los máximos jueces constitucionales del país le abrieron la puerta, bajo estrictos parámetros, a la suspensión provisional de leyes que estén bajo su revisión y que puedan tener “efectos irremediables”. En otras palabras, medidas que se aprueban en el Congreso de la República, con la claridad de que no pasarán el examen de constitucionalidad, y se aplican por un cierto tiempo mientras la Corte las declara inexequibles. Esas normas estarían evadiendo el espíritu de control a cargo del alto tribunal.

Y, hace pocos días, los magistrados le recordaron al Ejecutivo que los poderes que la Carta Política le atribuye al jefe del Estado para la búsqueda de la paz en el territorio nacional. La Corte Constitucional sostuvo la intención del presidente Petro de entablar procesos de negociación tanto con grupos de tradición subversiva como organizaciones de corte mucho más criminal. No obstante, el alto tribunal fijó valiosas fronteras al actuar de la administración Petro en su política de ‘paz total’ como las condiciones del sometimiento o la excarcelación de miembros de estos grupos al margen de la ley.

Esta actividad reciente de la Corte Constitucional- y el sentido de algunas de sus determinaciones- ha sido recibida con críticas desde la Casa de Nariño y sus seguidores y con aplausos por las fuerzas opositoras. Si bien este intento de politización del máximo tribunal no es nuevo y refleja las tensiones propias del diseño de la Carta, no sobra recordar que la Corte Constitucional ejerce un contrapeso institucional y no político. También que el presidente Petro no es el primer mandatario cuyas políticas- algunas de ellas, no todas- son declaradas inexequibles y se caen en este examen.

Recordar que la Corte Constitucional no es oposición, suena evidente y casi una perogrullada. Pero, en momentos donde las entidades como la junta directiva del Banco de la República y este alto tribunal están ejerciendo ese necesario equilibrio a los deseos de la poderosa Casa de Nariño, la independencia y la autonomía, insertas en el diseño de la Constitución de 1991, adquieren un inmenso valor y la mayor relevancia. Sea una decisión negativa, positiva o moderada, este control cuenta con un origen institucional que fortalece la democracia colombiana.

Tampoco sobra alertar que este control no sustituye de ninguna forma el urgente debate público, parlamentario y social de las leyes del Gobierno Nacional, incluidas las reformas.

Este mensaje debe ser escuchado por congresistas que, por acción u omisión, están esperando que polémicas iniciativas de ley como la reforma de la salud sean ‘tumbadas’ por la Corte Constitucional, o al menos “peluqueadas” de sus aspectos más destructivos. Sería un craso error.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
X: @pachomiranda

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