Han transcurrido casi dos décadas desde cuando fue radicado en el Congreso un proyecto de ley que proponía quitarle tres ceros al peso, con el objeto de simplificarles la vida a los colombianos y al sector empresarial. La iniciativa, que en esa ocasión tuvo posibilidades de triunfar, finalmente se hundió y a partir de entonces van tres intentos adicionales sin éxito.
Ahora el tema vuelve a la palestra. Semanas atrás, el gerente del Banco de la República señaló que vale la pena retomar la idea, mientras el Ministerio de Hacienda tiene listo el texto que podría llegar al Capitolio para ser debatido en las sesiones parlamentarias que van de marzo a junio. Anif, por su parte, dice que el asunto podría solucionarse con una resolución externa del Emisor, previamente acordada con organismos como Contaduría, Procuraduría y Contraloría General.
El debate tomó fuerza adicional el viernes, cuando el Fiscal señaló la oportunidad de combatir el crimen que representa la introducción de nuevos billetes. Al establecer un plazo tras el cual los pesos antiguos pierden su poder liberatorio y dejan de ser aceptados como moneda de curso, las fortunas que hoy existen en efectivo en manos de criminales y evasores se perderán o tendrán que ser declaradas antes las autoridades. En cualquier caso, la sociedad como un todo se vería beneficiada.
En respuesta, no faltan aquellos que señalan la inconveniencia de hacer otro cambio, tras la reciente puesta en circulación de una nueva familia de billetes. Según ese punto de vista, no valdría la pena asumir un costo que oscilaría entre 300.000 y 800.000 millones de pesos, sobre todo cuando la inversión que se hizo no ha sido amortizada del todo.
Al respecto, los partidarios de la propuesta señalan que los beneficios son ampliamente superiores. Desde el punto de vista económico, está la mayor facilidad a la hora de hacer operaciones, la reducción en el valor del almacenamiento físico y electrónico y la simplicidad que se obtiene a la hora de manejar contabilidades o hacer presupuestos.
Para los turistas venidos de afuera, hacer la conversión a divisas como euros o dólares, al igual que a otras monedas, sería mucho más sencillo.
Otros señalan la posibilidad de desestimular el uso de efectivo que, en comparación con algunos de nuestros pares, es muy elevado. Por razones de seguridad, trazabilidad, conveniencia y combate a la informalidad, darle un empujón al dinero plástico o electrónico está plenamente justificado. Casi tres cuartas partes de los adultos colombianos cuentan con al menos un producto bancario, como una cuenta de ahorros, pero los índices de uso regular son todavía bajos.
De otro lado, está la pedagogía, que siempre es necesaria en estos casos. Aquí también se han dado pasos en la dirección correcta, pues en los billetes actuales el número principal es el que aparece, y el término ‘mil’ está en letras. Visualmente, si se elimina el sufijo, el impacto sería menor.
En cuanto a lo que cuesta la sustitución de planchas y papel moneda, es importante tener en cuenta que la vida útil de los billetes es relativamente corta. El cálculo es que los de 2.000 y 5.000 pesos deben ser sustituidos en cuestión de seis meses a un año, pues son los más utilizados por los colombianos. En cuanto a las denominaciones más altas, el periodo es un poco más largo, aunque lo usual son 18 meses. Los de 100.000 durarían más, pero representan apenas una proporción menor de la masa en circulación.
Así las cosas, están dadas las condiciones para evolucionar hacia el nuevo peso. Si bien este tendría impactos económicos favorables, el argumento de mayor validez es el de la practicidad. La posibilidad de combatir el delito y acabar con las abominables ‘caletas’ es un punto adicional en favor de una iniciativa que merece salir adelante.