Así como la época final del año se asocia para la mayoría de las personas a las festividades navideñas, en el caso de los economistas se trata del momento en el cual comienza la negociación en torno al salario mínimo que rige a partir del primero de enero del nuevo calendario. Como marca la tradición, en cuestión de días se reunirán los integrantes de la comisión tripartita, que incluye a representantes de trabajadores, empresarios y gobierno, con el fin de revisar las cifras más recientes que pesan en la remuneración señalada y tratar de alcanzar un acuerdo por consenso.
Aunque en algunas ocasiones ha sido posible que salga el humo blanco de la mesa de concertación laboral, en la presente ocasión las circunstancias no son propicias. Una serie de factores, que implican elementos de diverso tipo, incluyendo a los políticos, enrarecen un poco el ambiente.
Para comenzar, está la postura de los sindicatos. Si bien no todos han destapado sus cartas, las aspiraciones rondan entre cinco y seis puntos por encima de la inflación, lo que equivaldría a un reajuste cercano al 10 por ciento. El argumento es que los ingresos reales de millones de colombianos merecen aumentar, algo que sobre el papel derivaría en una mejor calidad de vida para las familias.
Por su parte, el sector privado se apresura a señalar que el palo no está para cucharas. Como es sabido, la economía anda por la senda lenta y las proyecciones de crecimiento para el 2017 se mantienen por debajo del 2 por ciento. Es verdad que para el año que viene las cosas pintan un poco menos, pero la proyección más elevada está en el 2,8 por ciento, que es una tasa inferior al promedio observado en lo que va del siglo.
La ausencia de un ritmo adecuado se siente sobre el clima de los negocios. Por tal motivo, los gremios de la producción señalan que un aumento exagerado en los costos de la nómina sería contraproducente, pues no solo se sentiría negativamente sobre los balances contables, sino que, igualmente, afectaría la creación de nuevas plazas.
Los académicos y las entidades que estudian el tema, también meten baza en el asunto. Anif, para citar un caso concreto, recuerda que la fórmula más ortodoxa que se puede usar es la que ata el incremento en el salario mínimo al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor del año que termina y reconoce o castiga las mejoras o retrocesos en la productividad. Teniendo en cuenta que la canasta familiar debería subir cerca del 4 por ciento, y la ganancia en productividad llegaría al 0,3 por ciento, la entidad recomienda no irse más allá del 4,5 por ciento.
En números concretos, si la petición de los sindicatos llegara a ser aceptada, la asignación mensual sería de unos 811.000 pesos, mientras que en la postura más baja equivaldría a algo menos de 780.000 pesos. La diferencia a primera vista no parece grande, pero cuando se mira su efecto en términos agregados, la perspectiva varía. De acuerdo con la planilla de aportes, Pila, 60 por ciento de las personas que devengan un salario regular reciben el mínimo en el país.
Por tal motivo, frente a la tentación de aumentarle el ingreso disponible a los hogares, está la advertencia de que cualquier exceso se traducirá en más desempleo. A este respecto, vale la pena recordar que la desocupación en las áreas metropolitanas más grandes supera los niveles del 2016.
Tal como están las cosas, el Gobierno, probablemente, se verá obligado a definir la cifra por decreto. En sus cálculos, el Ejecutivo tendrá en cuenta las implicaciones presupuestales de lo que decida, pues no se trata solamente de los empleados oficiales, sino de las pensiones, que, de acuerdo con la Corte, deben reajustare en la misma proporción. Por ello, son mayores las posibilidades de que le apunte a la moderación, porque no tiene margen para otra cosa.