Que el palo ya no está para cucharas es algo que quedó claro con el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2018, radicado por la administración Santos en el Capitolio el viernes pasado. Tal como lo esperaban los analistas, la propuesta, por un valor de 235,6 billones de pesos, muestra un aumento de apenas 1 por ciento frente a la cifra de este año, con lo cual, si se descuenta la inflación, se tiene una caída en términos reales.

El motivo de apretarse el cinturón es mostrar responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. Después de que en el 2016 el déficit del Gobierno Central llegó al equivalente de 4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, el objetivo es reducir esa brecha al 3,6 este año y al 3,1 por ciento el próximo, tal como lo establece la regla fiscal, aprobada por ley.

Atenerse a esas metas es clave para que Colombia mantenga la misma nota que hoy le asignan las firmas calificadoras de riesgo a los bonos emitidos por la Tesorería, que se encuentra dos peldaños por encima de lo que se conoce como el grado de inversión. Un deterioro en dicho frente saldría costoso, no solo porque encarecería la contratación de deuda externa, sino por el hecho de que los inversionistas extranjeros poseen más de la tercera parte de los TES emitidos en pesos, ante lo cual una salida de capitales ocasionaría grandes turbulencias.

Por tal razón, al Ministerio de Hacienda no le quedó más remedio que sacar la tijera ante las peticiones de las demás carteras o instituciones. El rubro más afectado de todos acabó siendo la inversión, que cae en casi 17 por ciento, lo que equivale a cerca de siete billones de pesos menos que en el ejercicio actual. Eso quiere decir que el año de cierre del presente mandato no va a destacarse por su holgura, algo que notará inmediatamente el Presidente que llegue el 7 de agosto del 2018, pues su margen de maniobra será muy reducido.

A pesar de las restricciones, otra vez el área de educación vuelve a recibir la mayor tajada, seguida por la de seguridad. Entre las partidas que llaman la atención están las destinadas a cubrir el agujero pensional –que bordea los 40 billones de pesos– y el sistema de salud. En contraste, áreas como infraestructura o agricultura estarán obligadas a estirar los fondos que les lleguen, a pesar de que las necesidades ameritarían una tajada más grande de la torta.

Aunque es previsible que el Ejecutivo logre sacar adelante la iniciativa con cambios relativamente menores, todo apunta a que el debate será intenso. Para comenzar, los parlamentarios lucharán por recursos para sus regiones, claves en pleno año electoral. Por otro lado, las prioridades definidas servirán para que las fuerzas opositoras emplacen al Gobierno, con miras a los comicios del año que viene y la herencia que dejará.

Sin lugar a dudas, vendrán cuestionamientos porque los gastos de personal subirán 7,8 por ciento, muy por encima del ritmo inflacionario. Así parte de la explicación sea que hay que asumir el costo del incremento salarial acordado con la Rama Judicial para que esta saliera de la huelga reciente, o que el paro de maestros también resultó ser oneroso, las críticas se harán sentir.

También se le aplicará la lupa al cálculo sobre los ingresos tributarios, cuyo incremento se proyecta en más de 14 por ciento. Si bien la reforma aprobada en diciembre tiene que ver con ese salto, más de uno expresará dudas sobre la viabilidad de obtener semejante mejora de recaudos, en una economía que anda por el carril lento.

Los puntos mencionados, más otros que surgirán en los días y semanas que vienen, deberían llevar a que la discusión del presupuesto no sea un mero asunto de trámite, sino un análisis de fondo de la realidad fiscal colombiana. Hacer preguntas difíciles y cuestionar cálculos es parte de la labor de un Congreso que, para bien de todos, debería estudiar a conciencia este proyecto antes de darle vía libre.