El presidente de la República, Gustavo Petro, y su gobierno en general terminaron en tono positivo el 2022. A la aprobación de la reforma tributaria se sumaron un descenso en las polémicas y las peleas, así como mayor calma en el dólar y positivas expectativas desde la opinión pública sobre las reformas sociales a impulsar en el nuevo año. No obstante, termina enero con un panorama menos despejado para la Casa de Nariño en múltiples frentes que van desde la energía y el costo de vida, pasando por la salud y la infraestructura.
La inflación disparada se consolida como el principal reto social y económico al no tocar techo el año pasado. Los precios a los consumidores continúan golpeando severamente a los hogares pobres y vulnerables, mientras que las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional siguen sin la eficacia necesaria. Las angustias económicas de la ‘mesa del comedor’ se mantienen como la principal preocupación de los colombianos. Preocupación que no se sintoniza con la agenda que la administración Petro ha priorizado en este inicio de año.
El primer mes del 2023 estuvo caracterizado por un arranque accidentado de las reformas sociales, en especial la de la salud. Aún sin publicar los textos definitivos de las iniciativas, el primer mandatario ha convocado a marchas de apoyo para el próximo 14 de febrero. La ministra de Salud, Carolina Corcho, ya bautizó la jornada como el ‘14F’ con un eslogan de “Las EPS no curan, las EPS facturan”, mientras que los distintos actores del sector desconocen el contenido del proyecto de reforma.
Las duras críticas a lo poco que se sabe del articulado sanitario vienen del interior del mismo gabinete petrista, como lo evidenció el ministro de Educación, exjefe de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria. Varias encuestas, incluida una medición de la Andi, ratifican que, si bien los colombianos quisieran mejoras en términos de citas, atención y servicio, la mayoría de los usuarios califica positivamente el sistema de salud vigente.
La agitación de banderas activistas e ideológicas, por encima de datos y evidencias, no es exclusiva de la salud en el gobierno Petro. En el frente energético los mensajes del primer mandatario y de la ministra de Minas, Irene Vélez, en la cumbre de Davos despertaron dudas acerca de la solidez técnica sobre la cual se sostiene tanto la guerra abierta contra los hidrocarburos como la hoja de ruta de la transición energética. No le quedó muy claro a la ciudadanía cómo y bajo qué parámetros la Casa de Nariño busca suspender la exploración petrolera futura, con graves consecuencias fiscales y de autosuficiencia de recursos. Otro preocupante anuncio también toca la energía: el presidente Petro decidió asumir “directa y personalmente” las políticas generales de los servicios públicos en Colombia, así como las funciones de las comisiones de regulación.
Al igual que en el sector salud, por tres décadas se ha construido una institucionalidad que, con espacio para mejorar y con falencias que superar, ha mostrado positivos resultados en aumentos de acceso, cobertura y calidad. A lo anterior se añade la alta dosis de incertidumbre que la intención presidencial despierta en la confianza de las empresas públicas y privadas con billonarias inversiones en este sector. El camino para enfrentar el alza en las tarifas, en especial las de la energía eléctrica, no pasa por sustituir la regulación técnica y objetiva por medidas motivadas por la política y el populismo. Enero asimismo fue testigo de alrededor de 81 bloqueos en las carreteras del territorio nacional, con duros efectos regionales y el chantaje sobre el futuro de la primera línea del metro de Bogotá. El 2023 apenas comienza.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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