El comunicado expedido este martes por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía solo cuatro líneas. Según este “con el fin de dar claridad sobre el tratamiento tributario de las cuentas AFC y Pensiones Voluntarias, el Gobierno Nacional tomó la decisión de presentar un artículo interpretativo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que mantenga los beneficios de rentas exentas y proteja a quienes tienen esas cuentas para gozar de beneficios tributarios”.
Así parece haber quedado zanjada una discusión que tuvo lugar tras bambalinas y que involucró a varias carteras, además de algunos gremios. El origen del debate es una inconsistencia en la Ley de Financiamiento que aprobó el Congreso en diciembre, con lo cual surgieron interpretaciones antagónicas.
El texto original que se radicó a finales de octubre, planteó el desmonte de una ventaja que data de 1993 y fue establecida con el fin de estimular el ahorro. Tras varias modificaciones, actualmente se pueden realizar aportes directos o por nómina del 30 por ciento del ingreso laboral para los fines señalados, los cuales no harán parte de la base gravable de las personas, siempre y cuando estos no superen los 130,2 millones de pesos este año (3.800 uvt).
Desde hace rato, algunos técnicos han cuestionado la bondad de la medida porque premia a un grupo específico de contribuyentes. Sin embargo, también abundan los defensores de la misma, quienes señalan que en múltiples sociedades existen esquemas similares, gracias a los cuales muchas personas mejoran su calidad de vida cuando se retiran de la vida laboral o pueden acceder a una vivienda.
Debido a ello, cuando comenzó el debate en el Congreso, la propuesta gubernamental se eliminó por petición expresa de los parlamentarios. El problema es que un artículo de la misma iniciativa, referente a las rentas exentas, no mencionó de manera explícita que estos beneficios perduraban. En consecuencia, alguien esbozó la tesis de que lo que no está permitido está prohibido.
Para curarse en salud, en el interior del Ejecutivo se planteó un camino ensayado en otras oportunidades. Este consistía en la expedición de un “decreto de yerros” que reiterara la voluntad de los legisladores y acabara con la controversia. La otra opción era incluir la aclaración en el acápite de personas naturales del decreto reglamentario de la Ley de marras, que debería salir pronto a la luz pública. De lo contrario, estaba en riesgo un mecanismo al que se han acogido 1,2 millones personas, con ahorros por más de 22 billones de pesos.
Cuál no sería la sorpresa de los interesados en el tema, cuando el Ministerio de Hacienda publicó en su página de internet un borrador de decreto que iba en contravía de dejar las cosas como están. Sin entrar en honduras técnicas, el texto de la entidad volvía al planteamiento que había sido derrotado en el Capitolio.
Lo sucedido elevó la temperatura al interior de la administración Duque. Tanto, que el propio Presidente de la República debió intervenir personalmente el lunes pasado en el ámbito del Consejo de Ministros para instruir a sus funcionarios de apegarse a la línea fijada y no irse por el camino impopular. Quizás por eso, no faltaron los comentarios en voz baja después de que la misma entidad que armó el problema original, apareció ante el público como la más entusiasta con la solución del impasse.
Todo depende ahora de lo que suceda con la ley del Plan de Desarrollo, que ha encontrado más de un tropiezo en el Capitolio. Aunque en este punto podría hablarse de un consenso parlamentario, la evolución de la propuesta es clave si se trata de dejar atrás este incidente. Dado el mal sabor que dejó lo ocurrido en los últimos días, es previsible que habrá una mayor supervisión para que se cumplan las indicaciones presidenciales y se evite otro intento de autogol.
Ricardo Ávila Pinto
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