Este miércoles, el presidente, Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron desde París que el Gobierno Nacional autorizará la exigencia del certificado de vacunación digital y físico para eventos y lugares. La medida -que entraría en vigencia a partir del próximo 16 de noviembre- consiste en que los colombianos tendrán que presentar prueba de que han iniciado su esquema de inmunización como requisito de ingreso para eventos presenciales con asistencia masiva.
En otras palabras, el carnet de vacunación será obligatorio para asistir a “cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, iglesias, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias”. Al igual que mandatos en otros países, como Estados Unidos y Francia, el gobierno colombiano empieza así a restringir espacios públicos solo para los vacunados, o en proceso de vacunación.
En otras latitudes estas restricciones se han traducido en exigencias de inmunización para trabajar en algunos sectores o en empresas en particular.
Detrás de esta decisión -que se sostiene sobre la reducción del riesgo de contagio que los no inmunizados implican para los vacunados- está un espinoso debate jurídico sobre los límites del Estado para imponer esas restricciones y sobre su obligación de poner el bienestar de la mayoría inmunizada sobre los derechos de la minoría que no desea o no ha podido aplicarse la vacuna.
En materia de percepción ciudadana el gobierno no tiene por qué preocuparse: la más reciente encuesta Invamer registra que el 71 por ciento de los colombianos está de acuerdo en la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a ciertos lugares públicos.
Aún más, el 69 por ciento respalda que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria en Colombia mientras el 30 por ciento lo rechaza. De acuerdo a la medición de Pulso Social del Dane de septiembre pasado solo el 6 por ciento de los jefes de hogar colombianos no se han vacunado y no están dispuestos mientras que un 15,3 por ciento quieren inmunizarse pero no han podido.
Es precisamente en esa población -los que se vacunarían si pudieran- donde la exigencia del carnet obligatoria empieza a generar, como mínimo, expectativas y ansiedades. De hecho, el más reciente reporte oficial de vacunación muestra que 21,4 millones de colombianos cuentan hoy con el esquema completo y que 25,8 millones -alrededor de la mitad de la población- han recibido la primera dosis. Además, solo el 14,1 por ciento de los colombianos entre 30 y 39 años y el 9,4 por ciento de quienes están entre 20 y 29 años reportan la inmunización completa.
Lo mínimo que el Gobierno Nacional debe acometer tras oficializar la obligatoriedad del carnet de vacunación es acelerar el ritmo de vacunación diaria y desplegar una búsqueda más activa de aquellos que quieren y no pueden inmunizarse para remover los obstáculos que hoy enfrentan.
Asimismo es perentorio que el proceso de certificación digital de la vacunación -incluyendo la incorporación de la información ciudadana en las bases de datos- esté blindado, sea más ágil y que ningún rezago sea tolerable. Lo peor sería que el Estado restringiera libertades y accesos por la vacuna y sea incapaz de garantizar que los certificados digitales estén siempre disponibles, con información fiel y sin caídas ni incompatibilidades técnicas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
