Francisco Miranda Hamburger
Editorial

El Congreso tiene la palabra

Lo mínimo que el déficit fiscal y la crisis económica y social ameritan es un debate responsable y técnico de la tributaria. 

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
abril 18 de 2021
2021-04-18 06:18 p. m.
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El pasado jueves la espera por el texto definitivo de la reforma tributaria terminó. El Gobierno Nacional presentó un ambicioso proyecto que busca recaudar 23,4 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas y mitigar el impacto social de la pandemia.

Tanto la necesidad, como la urgencia por parte de la Casa de Nariño de enfrentar el desgastante proceso de cambiar las reglas del juego fiscal en un año preelectoral son evidentes. La pandemia del coronavirus ha generado un múltiple impacto en las arcas estatales: disparó el gasto público para enfrentar la crisis sanitaria, elevó las demandas de ayudas gubernamentales para hogares y empresas, y redujo los ingresos por el desplome de la economía.

El hueco en las finanzas públicas en 2020 alcanzó el 7,8 por ciento del PIB, mientras que el endeudamiento también aumentó. El Ministerio de Hacienda calcula el déficit fiscal para este año en un 8,6 por ciento del PIB, esto es 94 billones de pesos.

Al mismo tiempo que suben estas cifras en rojo, las demandas por mayores recursos estatales para enfrentar los estragos de la pandemia no se han detenido en 2021. Expertos estiman una disparada de varios puntos porcentuales en los niveles de pobreza y los índices de desempleo siguen altos, a pesar de la reactivación.

No sobra recordar este telón de fondo de la crisis social, económica y sanitaria más profunda que se haya registrado, en el inicio del debate de la reforma en el Legislativo. El margen de maniobra del Gobierno para postergar o descartar esta iniciativa tributaria era prácticamente nulo.

El monto del proyecto gubernamental refleja tanto la magnitud de los recursos frescos necesarios como la necesidad de una apuesta a un paquete social alrededor del programa Ingreso Solidario y de la compensación del IVA a 4,7 millones de hogares, entre otros programas. El impacto de estas iniciativas sociales sería de 2,8 puntos porcentuales en la incidencia de la pobreza.

Además el articulado incorpora impuestos a los contribuyentes más pudientes en renta, patrimonio, salarios, pensiones y dividendos de forma permanente y de manera temporal y solidaria. Las empresas también contribuirán de acuerdo a sus utilidades y con una sobretasa por dos años.

El otro pilar de la reforma reposa en el cobro del IVA que recaudaría 7,3 billones de pesos. Como era de esperarse, medidas que incluyen nuevos productos y los servicios públicos de estratos 4,5 y 6, así como la condición de excluidos de bienes agropecuarios han despertado reparos gremiales y requieren mayor aclaración a la ciudadanía.

La ampliación de la base de colombianos que declaran renta es un movimiento en la dirección correcta. Un número mayor de contribuyentes deben declarar y, en la medida de sus posibilidades, contribuir con el pago de impuestos. Es necesario romper esa costumbre de cobrar tributo siempre al mismo universo reducido de empresas e individuos.

El Gobierno Nacional le apostó a un proyecto con una ambiciosa meta de recaudo, correspondiente al momento actual que atraviesan las finanzas públicas, las necesidades de gasto y el deterioro de los indicadores sociales. Solo mediante la contribución y el esfuerzo tributario de empresas e individuos, junto a un compromiso gubernamental de luchar contra la evasión y el despilfarro, Colombia podrá retomar la senda de la sostenibilidad.

El Congreso de la República tiene ahora la palabra. Lo mínimo que este momento amerita es el desarrollo de un debate parlamentario responsable y técnico que evite un resultado final irreconocible, incoherente y sin impacto.

Francisco Miranda Hamburger
​framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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