El debate presidencial de la alianza digital entre EL TIEMPO y Semana, celebrado el pasado lunes con la presencia de los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, contó con muchos momentos definitivos, en los que la audiencia pudo conocer la posición de cada aspirante. Uno de ellos fue el contrapunteo sobre el costo de los programas sociales propuestos, en especial por el senador Petro.
La invitación de Sergio Fajardo a evitar las “cuentas con cuentos” es tanto oportuna como acertada. Es normal en las campañas presidenciales, y para cualquier cargo ejecutivo, que los candidatos desplieguen toda una serie de promesas de todo tipo al electorado, particularmente de corte social, para conseguir su voto. El anhelo de cambio que ha caracterizado la actual contienda y el deterioro social generado por la pandemia de covid-19 convierten estos programas sociales en cruciales para el discurso políticos.
No obstante, como dice la frase atribuida al ex gobernador de Nueva York Mario Cuomo, “los políticos hacen campaña en poesía, pero gobiernan en prosa”. Esto es, las complejas realidades fiscales y de ejecución de las políticas públicas restringen la capacidad de materializar esas promesas espectaculares que se dicen en medio de la carrera electoral. Si bien los indicadores de pobreza, empleo y costo de vida justifican la urgencia de apuestas audaces en materia social del próximo gobierno, con un déficit del Gobierno Central cerca del 6,5% del PIB y un creciente gasto público el margen de acción se limita.
Promesas desfinanciadas desde antes de implementarse en varias decenas de billones de pesos constituyen un boleto para una mayor frustración y descontento social. Los colombianos deben tener claridad en qué iniciativas sociales deben esperar de los distintos candidatos, y cómo serán financiadas. Y aquí sólo se habla del costo fiscal y no de las críticas y desventajas técnicas de cada promesa social, como por ejemplo el plan del empleo público garantizado.
Dentro de esa discusión de la financiación están las promesas de reforma tributaria, en especial de los candidatos Petro -de unos $50 billones- y Fajardo -de $33 billones-. Si con un monto a recaudar sustancialmente menor se cayó la propuesta de reforma del exministro Alberto Carrasquilla y desató el paro nacional y los bloqueos ilegales del año pasado, ¿qué conduce a pensar que el próximo ocupante de la Casa de Nariño podrá recoger tantos recursos de la economía sin tocar IVA, ni las clases medias ni la base gravable? Apuntar a elevar la carga tributaria a un reducido grupo de contribuyentes como la fuente mágica del equilibrio fiscal es tanto populista como inviable.
Las demandas sociales, de empleo y de mitigación de la pobreza son una cara del severo impacto de la pandemia del coronavirus en la economía tanto de Colombia como del resto del mundo. En el otro reverso de esa moneda es el crecimiento del gasto público y la apremiante necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal para los próximos años. Lograr avanzar en ambas caras- más gasto social, más equilibrio en las finanzas públicas- va en dirección contraria a la de soñados programas sociales sin las fuentes seguras.
No se trata de negar que el ganador de estas elecciones necesita llegar a Palacio de Nariño con una ambiciosa, urgente e inevitable agenda de reformas sociales. Pero tampoco es aconsejable ignorar que los recursos públicos y la economía que los sostiene tienen sus limitaciones. Decidir el voto sobre un cambio con expectativas realistas no minimiza esa transformación; al contrario, la ancla al suelo.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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