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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

El Estado ‘niñera’

Subir impuestos a bebidas azucaradas y a los alimentos procesados de consumo popular no resolverá los problemas nutricionales de la población. 

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
agosto 15 de 2022
2022-08-15 08:38 p. m.
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Una de las medidas de la reforma tributaria del gobierno Petro que afectará directamente el bolsillo de los hogares pobres es la implementación de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos procesados. De acuerdo al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo el objetivo de este nuevo tributo no es fiscal sino de salud pública.

“El mejor resultado es que no se recaude nada”, afirmó el jefe de las finanzas estatales.
A pesar de ese deseo, lo cierto es que iniciativas impositivas de esta naturaleza cuentan con un efecto regresivo. De aprobarse como está hoy, el peso de estos productos sobre los gastos de los hogares pobres es mucho mayor que sobre los hogares de mayores ingresos: por ejemplo, en cuanto a gaseosas unas 4,7 veces. De hecho, según la firma Raddar, los impuestos, llamados “saludables” por el Gobierno Nacional, podría generar un aumento en la inflación anual en el país de 1,89 por ciento.

Los defensores de este tipo de gravámenes esgrimen los beneficios en términos de salud pública, esto es, una mejor nutrición, menores índices de obesidad y, con ello, la prevención de enfermedades no transmisibles ligadas a la alimentación. Además, identifican los exitosos esfuerzos globales de las últimas décadas contra el consumo de cigarrillo como un argumento a favor de los impuestos como herramienta.

La cuestión está en que la obesidad es mucho más difícil de combatir que el tabaco. No se trata de desconocer la dimensión de la problemática: de acuerdo a la ya desactualizada encuesta Ensin de 2015, el 56,5 por ciento de los adultos, el 24,4 por ciento de los menores entre 5 y 12 años y el 17,9 por ciento de los adolescentes en Colombia registra exceso de peso. Alrededor de uno de cada cinco adultos colombianos reporta condición de obesidad.

Es innegable que a la par de atender la inseguridad alimentaria generada por el choque de la pandemia, Colombia necesita desplegar con mayor efectiva una política nutricional y alimentaria integral. La pregunta que sigue es si elevar impuestos a las gaseosas, las salchichas, los ponqués y demás -por más que suene bien y dé la impresión de actuar- son un instrumento directo para reducir estos preocupantes indicadores.

Quedan muchas preguntas acerca del diseño, las metas y los usos de la actual propuesta impositiva del gobierno Petro. Por ejemplo, cuáles serían los objetivos nutricionales sociales que busca la medida, ya que se descarta la intención fiscal, y cuándo saldrían los resultados de la nueva encuesta Ensin para contar con datos más actualizados. Otra sugerencia sería destinar de manera directa ese recaudo a iniciativas de lucha contra la obesidad y la seguridad alimentaria, y no a la bolsa general de gasto.

En resumen, los expertos coinciden en que el instrumento fiscal es insuficiente para lograr abordar el problema de la obesidad y que se necesitan otras políticas alrededor de la educación nutricional, normas de publicidad, medidas diseñadas para “empujar” los cambios en comportamiento, promoción e impulso a la actividad física, entre otros.
Sin embargo, antes de cualquier discusión sobre los impuestos y sus diseños, cabe preguntarse sobre el papel del Estado en las decisiones de alimentación de los colombianos adultos. La visión del presidente Petro de un Estado más interventor y a cargo de “misiones” que subordinan la iniciativa privada ha sido ya expuesta. El Estado debe informar, alertar, educar y buscar mejorar la sociedad, pero queda la cuestión sobre si debe incluso ser una “niñera” vigilante sobre lo que sus ciudadanos deben comer y beber.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio
@pachomiranda ​

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