Ricardo Ávila
Editorial

El riesgo de un portazo

Aunque sea popular oponerse a las industrias extractivas, no estaría de más hacer sumas y restas en caso de que se les pongan más talanqueras.

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
noviembre 19 de 2018
2018-11-19 08:30 p.m.
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En medio de las presiones del corto plazo, es difícil mirar al horizonte. Eso es lo que trató de hacer la cumbre de petróleo y gas que terminó en Bogotá la semana pasada, en lo que constituyó un completo examen de los desafíos de un sector que en abril celebró cien años desde cuando la primera producción de hidrocarburos del país salió del pozo Infantas 2, en la región del Magdalena medio.

Más allá de rememorar, lo más destacable de la cita fue el descarnado análisis con respecto a la encrucijada que atraviesa el sector. El motivo es que como pocas veces en su historia, la actividad se mueve entre vientos cruzados que, en el peor de los casos, le pueden pasar una onerosa factura a la economía.

Es indudable que la fragilidad de Colombia en esta materia es enorme. Las reservas probadas equivalen a menos de seis años de producción en el caso del crudo, mientras que en el del gas, ciertos campos clave, como los de La Guajira, empiezan a agotarse. Por cuenta del uso de técnicas de recuperación diversas, la pérdida de la autosuficiencia es todavía una posibilidad, pero cualquier descalabro nos puede salir caro.

Voceros de la industria subrayan que no vamos bien. A pesar de un entorno de precios favorable, en lo corrido del 2018 se han perforado 30 pozos exploratorios, menos de la mitad de los 65 programados originalmente. Y en lo que atañe a las inversiones, la Asociación Colombiana del Petróleo calcula que no llegaremos a los 4.000 millones de dólares en el presente ejercicio, frente a los 4.500 millones que se preveían.

Como si lo anterior fuera poco, el terrorismo sigue haciendo de la suyas. Los más de 80 ataques contra el oleoducto que une a Caño Limón con Coveñas, sucedidos en estos once meses largos, demuestran que el dolor de cabeza que representa el Eln persiste. Es verdad que en otras zonas las condiciones mejoraron después del desarme de las Farc, pero falta mucho.

Adicionalmente, el marco normativo se ha vuelto más complejo. Las consultas con las comunidades atrasan los cronogramas, mientras que la expedición de licencias ambientales también es demorada. El papel de las corporaciones autónomas regionales contribuye a hacer la realidad aún más tortuosa, por los requisitos y requerimientos que aumentan costos.

Debido a esas circunstancias, hace rato dejamos de ser los más competitivos de la región. Más allá de las normas tributarias, las compañías del ramo hablan de un hostigamiento administrativo que lleva a que operar en el territorio nacional sea poco atractivo. El punto central no es el cumplimiento de estándares elevados, sino la ‘tramitomanía’, que hace impredecibles los tiempos de un proyecto.

Y no es que los atractivos en el terreno hayan desaparecido. Quienes saben del asunto señalan que Putumayo es una zona muy promisoria, al igual que áreas del piedemonte llanero. A lo anterior se suma la formación ‘la luna’, en el Magdalena Medio, con enormes prospectos para el uso de técnicas no convencionales como el fracking.

Esa opción, sin embargo, está en veremos hasta nuevo aviso. La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender una serie de actos administrativos sobre el asunto, aumentó el nivel de incertidumbre que rodea al sector. Falta ver qué pasa con un recurso de súplica interpuesto por el Ministerio de Minas, aunque existe la preocupación de que el activismo judicial vuelva a manifestarse.

Y aunque, sin duda, es popular oponerse a las industrias extractivas, no estaría de más que el país haga sumas y restas en caso de que les ponga más talanqueras. Es indiscutible que la lista de cosas por corregir es larga o que los recursos de las regalías deben gastarse bien, pero eso es muy distinto a darle un portazo a una actividad que puede ser fuente de divisas y empleo durante más décadas de lo que se cree.

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