Hace unos días la opinión pública conoció la noticia según la cual la multinacional Glencore obtuvo el reconocimiento de un pago por más de 20 millones de dólares correspondientes a una demanda que interpuso la firma ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.
El alegato consistía en la validez de un otrosí para ampliar la operación de la mina Calenturias en el departamento del Cesar, el cual fue suscrito con la entonces Ingeominas, pero rechazado por la Contraloría General.
Más allá de los méritos del caso, lo sucedido deja lecciones que deberían ser tenidas en cuenta hacia el futuro. La razón es que el organismo multilateral hizo señalamientos sobre las actuaciones de quien estaba a la cabeza del ente de control en ese momento, al igual que de la falta de rigor técnico en el análisis.
“El nivel de arbitrariedad e irrazonabilidad es alto y no puede ser protegido por el margen de discreción que tienen las agencias del Estado cuando adelantan actividades de supervisión”, sostuvo la providencia del Ciadi.
Semejante campanazo de alerta debería ser escuchado, aunque existe el riesgo de que ya sea tarde. La razón es que hay procesos en curso por cuenta de determinaciones adoptadas en años pasados y las declaraciones de más de un funcionario pueden acabar siendo utilizadas para debilitar la defensa de los intereses de Colombia.
El peligro, para decirlo con claridad, es que caer en la tentación de los micrófonos abiertos nos puede salir muy caro. En lugar de callar a tiempo, lo usual es hablar por los codos, asignando responsabilidades cuando todavía no han terminado las investigaciones.
Debido a ello, quienes lideran las entidades de control deberían entender que no pueden hacer pronunciamientos a la ligera sobre casos que estén bajo su conocimiento o que vayan a conocer. Hablar por hablar es censurable, debido a que vulnera los derechos de los investigados y puede dar lugar a responsabilidades indeseables.
Con el fin de evitar salidas en falso, la única manera de garantizar la objetividad en la tarea que se efectúa es a través de la profesionalización. Informes superficiales y equivocados se traducen en una enorme vulnerabilidad en los tribunales internacionales.
El mensaje de que aquí se actúa en forma parcializada, tendenciosa y poco profesional, afecta negativamente no solo la imagen de la institución cuestionada sino la de Colombia, algo que desincentiva la inversión.
Tales planteamientos son fundamentales a la luz de procesos en curso. Por ejemplo, la determinación del tribunal de arbitramento que examina los reclamos hechos por Ecopetrol a la empresa que se encargó de la construcción de Reficar podría verse afectada por las declaraciones, hasta ahora insustanciadas, de múltiples funcionarios que emitieron un juicio prematuro sobre lo sucedido, para congraciarse con una opinión pública indignada por el costo de un proyecto que superó con creces el presupuesto original.
Y el asunto cobra más relevancia, después de que el Congreso le dio luz verde definitiva al acto legislativo que le otorga más poderes y presupuesto a la Contraloría General. Más allá de que el trámite expreso de la propuesta de reforma disparó las alarmas, ahora viene la obligación de hacer las cosas bien. Esta consiste en formar un cuerpo de técnicos bien capacitados que hagan reportes serios y no sean veletas que se acomodan a los deseos de popularidad del jefe de turno.
En cambio, si la politiquería hacer de las suyas y continuamos con el mismo estilo de realizar las cosas, nos quedaríamos con el pecado y sin el género: un control fiscal caro y desprovisto de efectividad, que puede traducirse en castigos pecuniarios para el tesoro público. Con razón se dice que el silencio es oro.
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