Los efectos de la suspensión de las operaciones de la aerolínea Viva del pasado 27 de febrero se siguen experimentando en el mercado aéreo de pasajeros del país. El colapso de la low cost ha desatado todo tipo de consecuencias: desde investigaciones de las autoridades sobre el proceso de integración con Avianca hasta la crisis del turismo en la isla de San Andrés pasando por críticas al manejo deficiente del gobierno Petro ante todas las señales enviadas por meses.
Las facetas de la emergencia son múltiples y de distinta dimensión temporal. La primera es la del aproximadamente millón de pasajeros afectados por el cese de los vuelos, tanto los de estos días como aquellos que viajarían en los próximos meses. De acuerdo a la Superintendencia de Transporte, en estos once días se han recibido unas 2.373 quejas y se adoptó la figura de sometimiento de control. Si bien otras compañías aéreas como Avianca han ubicado decenas de miles de pasajeros de Viva, esta ayuda tiene un límite y la emergencia se recrudecería a pocas semanas de la próxima temporada vacacional de Semana Santa.
No se debe olvidar a los usuarios como el centro de las estrategias de contingencia de la crisis. La Aerocivil y demás autoridades deben pensar prioritariamente no solo en el viajero de Viva hoy en problemas, sino en los pasajeros que viajarán en el futuro mercado aéreo nacional sin Viva. La suspensión de operaciones de la low cost ha dejado, de un día para otro, nueve rutas huérfanas y otras cinco quedaron atendidas por una sola aerolínea. De hecho, de acuerdo a estimaciones de la plataforma Viájala los precios de los tiquetes han aumentado hasta 14% en estos once días de emergencia.
Una segunda dimensión es la correspondiente a las regulaciones y a las eventuales normas que hayan incumplido Viva y Avianca tanto en el proceso de integración como en la decisión de cese tomada por aquélla. Todas las investigaciones pertinentes a este caso deben avanzar con la mayor celeridad para que exista la máxima claridad sobre qué responsabilidades cabe y frente a quiénes ante el colapso de la tercera aerolínea del país. Las denuncias sobre irregularidades en las operaciones conjuntas entre Viva y Avianca deben ser aclaradas y zanjadas por parte de las entidades de vigilancia y control con las sanciones o demás determinaciones que ameriten.
Cualquier decisión de integración de ambas aerolíneas que tome la Aerocivil debe tomarse con la mayor urgencia, así como las definiciones de las responsabilidades que correspondan sobre la génesis de esta crisis. La caída de Viva, con las consecuencias que está generando por todo el mercado aéreo, debe responderse desde el Estado no solo con los planes de contingencia y de gestión de la emergencia, sino con el peso de los instrumentos de vigilancia y de regulación.
Lo anterior sin excusar la evaluación y la revisión de la propia intervención y papel del Gobierno Nacional, las superintendencias y la Aerocivil en esta crisis aérea. ¿Faltó más atención al proceso de Avianca y Viva, incluida una supervisión más directa de sus operaciones? ¿Desatendieron las autoridades los llamados de urgencia de Viva? ¿La decisión sobre la integración debió ser más expedita? ¿Incurrieron Avianca y Viva en acciones sancionables? ¿Por qué se permitió a Viva vender tiquetes hasta el estallido de la emergencia?
La decisión de la integración es urgente para reacomodar el futuro mercado aéreo del país pero también lo son las respuestas a éstos y otros interrogantes.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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