Este martes, el presidente Iván Duque confirmó que el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras habían llegado a un acuerdo concertado alrededor del aumento del salario mínimo para 2022. El consenso tripartito definió un alza del 10,07 por ciento, es decir un millón de pesos, y un auxilio de transporte de 117.172 pesos. Se trata de una cifra histórica, el más alto nominal en lo corrido del siglo.
Más allá del merecido reconocimiento a la gestión del Ejecutivo y a la del primer mandatario en lograr este acuerdo político, sin la anuencia de los empresarios la discusión de la mesa de concertación laboral habría seguido el ritual anual de propuestas y contrapropuestas, que en la mayoría de los casos terminaba en la decisión presidencial. Claramente, este año la posición y la actitud del sector privado, representado por la Andi y otros gremios, marcaron una diferencia.
Diferencia similar a la registrada este mismo año durante la discusión de las reformas tributarias -la fallida y la aprobada-. El empresariado colombiano manifestó desde el inicio de la discusión su disposición de asumir una carga impositiva adicional para aliviar la subida de impuestos a los ciudadanos. Al final, el sector privado terminó costeando alrededor del 70 por ciento del recaudo de la reforma tributaria de la pandemia, es decir, aquella diseñada para costear la respuesta estatal a la crisis, incluidos los programas sociales y las transferencias monetarias.
Ambos episodios de este 2021 -los impuestos y el salario mínimo- reflejan el talante social y el compromiso a largo plazo que ha caracterizado la respuesta de los empresarios colombianos a las múltiples crisis, sanitaria, social y económica, que trajo la covid-19. Talante y compromiso que cuestan, en especial en medio de una reactivación heterogénea dentro de los sectores productivos. A la arriba mencionada carga tributaria de los próximos años -o al menos hasta la reforma fiscal del próximo gobierno- se suman los altos costos prestacionales asociados a un alza del 10,07 por ciento del salario mínimo.
Para los empresarios-grandes, medianos y pequeños -el acuerdo del millón de pesos les cuesta realmente alrededor de 1,6 millones por cada empleado al incluir los aportes de seguridad social, vacaciones y demás costos laborales. Con más razón se destaca la actitud favorable de tantos sectores formales de la economía a asumir un aumento tan alto, en mitad de una disparada de la inflación, altos costos de los insumos, dificultades en las cadenas de suministro y escasez de materias primas. De hecho, cálculos de Anif estiman que por cada punto adicional por encima de 7 por ciento de alza al mínimo el sector privado nacional sacará de sus bolsillos unos 527 mil millones de pesos adicionales de nómina.
Por esa razón, merecen un reconocimiento aún mayor las empresas de tamaño mediano, pequeño y micro, que verán elevarse sus costos y quizás alterarse muchas de sus decisiones de contratación. Sería deseable que el Gobierno Nacional acompañara este aumento histórico con medidas específicamente orientadas a mitigar los impactos del salario mínimo en las mipymes y apoyar mayor formalización empresarial.
Estos gestos de los empresarios -que despiertan las voces críticas de expertos y centros de estudios económicos- no han pasado desapercibidos por los ciudadanos. Dentro de una crisis de muchas instituciones, el sector empresarial colombiano ha incluso mejorado su percepción positiva. De acuerdo a la reciente encuesta Invamer el 57 por ciento de los colombianos tiene una imagen favorable de los empresarios. Han estado a la altura.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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