Hay un nuevo peligro en las vías del país, de acuerdo con el informe Forensis que elabora Medicina Legal. Se trata de las motocicletas, que por primera vez el año pasado fueron responsables por más muertes de peatones que los carros. Mientras que 470 personas perdieron su vida al ser atropelladas por automóviles y 190 por buses y busetas, en el 2014 los vehículos de dos ruedas tuvieron la responsabilidad en 664 casos.
Los motociclistas son tanto quienes provocan estos accidentes trágicos como sus principales víctimas. El año pasado 2.914 de estos conductores fallecieron en las calles y carreteras en comparación con 1.755 peatones y 343 ciclistas. En cuanto a heridos el escenario es el mismo: de los 44.172 registrados el año pasado, 22.545 les corresponden.
Sin ignorar que cada usuario de la vía que fallece es una tragedia individual, las estadísticas referidas han disparado las alarmas. De hecho, ya hay quienes consideran este tema un problema de salud pública, que apunta a enlutar cada vez más hogares.
Para nadie que habite en los principales centros urbanos del país es una sorpresa el impacto de las motocicletas sobre la accidentalidad. Su compra se disparó desde hace varios años, y hoy se calcula que unas seis millones circulan actualmente.
Además, como lo confirma un reciente reporte de la CAF y la fundación Despacio, este no es un fenómeno exclusivo de Colombia: en América Latina la adquisición y uso de este vehículo crece vertiginosamente. Los autores del estudio estiman en 30 millones las motocicletas registradas en la región.
Las razones detrás del crecimiento han sido identificadas. La bonanza económica elevó los ingresos de los hogares más pobres, que ahora pueden acceder a un vehículo que tiene costos bajos de operación. La mala calidad del servicio de transporte público convierte a la motocicleta en un atractivo medio de movilización tanto urbana como rural.
A esta realidad se añade la posibilidad de negocios asociados: mototaxismo, domicilios o mensajería. No menos importante es que las barreras de entrada son bajas, pues obtener la licencia es fácil y no requiere gran capacitación.
Mientras se producía el salto en la demanda, el auge de las motos sorprendió a las instituciones nacionales y locales, que no tienen políticas coherentes para su regulación y control. El mototaxismo terminó en muchas ciudades intermedias por desplazar al transporte público formal, sin los mínimos básicos de seguridad y protección contra accidentes.
Además, los pocos requisitos exigidos han dado paso a conductores sin mayor cultura de la prevención o respeto por las normas. Estos, en su mayoría jóvenes de ingresos medios y bajos, terminan por poner en constante riesgo su vida y la de los demás.
Un camino fácil sería desplegar políticas de mano dura contra las motos. No obstante, el tratamiento del tema debería ser más integral. Para comenzar, el Gobierno no puede ceder en materia de seguridad, por lo que hacer más exigentes los requisitos para obtener una licencia es necesario.
También hay que aplicar la ley. Quienes excedan los límites de velocidad, no usen casco, lleven pasajeros indebidamente o contaminen el medioambiente deben ser multados para desincentivar tales comportamientos. Al mismo tiempo, el Estado debe regular con más claridad los usos comerciales de las motos y buscar su integración, si es viable, al igual que la normalización del mototaxismo.
La justificación es clara. La seguridad vial es un asunto que cobra vidas, deja lesionados y genera costos para la sociedad. El alto aporte de las motos a las estadísticas de accidentalidad demuestra que se necesita coger el toro por los cuernos en materia de legislación, normatividad, planes de movilidad urbana y autoridades de tránsito. Cada día que pasa sin hacerlo genera en calles y carreteras muchas tragedias prevenibles.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto