Hace tres días la junta directiva de EPM renunció en masa al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
En su misiva de dimisión los miembros del cuerpo directivo de una de las compañías antioqueñas más representativas denunciaron la “no discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debe participar”.
Además, los ocho hoy exdirectivos enumeraron varias decisiones cruciales de la empresa en la que sintieron que no tuvieron participaron. La principal fue la de emprender acciones legales por 9,9 billones de pesos contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto Hidroituango.
A la demanda billonaria por los sobrecostos de este proyecto hidroeléctrico se suman molestias por no haber participado en temas álgidos como la ampliación del objeto social. El alcalde Quintero está impulsando un proyecto de acuerdo de la ciudad que expandiría a la EPM en un paquete más diverso de nuevos negocios y sectores, más allá de su foco tradicional en servicios públicos.
Por último, los firmantes de la carta de renuncia elevaron un alerta que merece ser atendida por la Alcaldía de Medellín, dueña del 100 por ciento del Grupo: “no se están observando las buenas prácticas de gobierno corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”.
Este pulso en el corazón y la cabeza de las Empresas Públicas de Medellín es crucial por múltiples razones. La primera es por sus características y tamaño. EPM es uno de los grupos empresariales más importantes del país, con ingresos operacionales anuales de más de 18 billones de pesos y activos por más de 54 billones de pesos.
En segundo lugar, su condición de empresa con propiedad cien por ciento pública, la Alcaldía de Medellín, la ha convertido en ejemplo y paradigma de cómo se puede gerenciar con éxito una compañia pública con el respaldo del sector privado local.
Tercero, con transferencias anuales cercanas al billónde pesos, EPM es responsable por una parte importante del músculo de inversión social de la ciudad de Medellín, la segunda urbe más populosa del país.
Cuarto, la naturaleza de la crisis, y la propia carta de renuncia de la Junta saliente, está poniendo en entredicho uno de los activos más vitales para la conducción exitosa de una compañía: los principios del gobierno corporativo.
No se trata de defender o rechazar los dos asuntos que desataron la situación- la demanda por Hidroituango y el proyecto de cambio del objeto social- sino de señalar que la forma inadecuada cómo la alta gerencia y la alcaldía de Medellín desplazó a la Junta Directiva.
Es ingenuo pensar que consideraciones políticas sobre el rumbo futuro de EPM del alcalde Quintero no influyen en estos pulsos. De hecho, el burgomaestre representa a la ciudad propietaria de la compañía gracias a su victoria electoral.
No obstante, con más énfasis en las empresas de propiedad estatal, los códigos y las estructuras de gobierno corporativo protegen tanto a las compañías de convertirse en botines políticos como a los ciudadanos que son, al fin de cuentas, sus dueños.
El impacto de este choque entre la alta gerencia, el alcalde Quintero y la directiva ya se está sintiendo. La calificadora Fitch Ratings bajó ayer la calificación de la EPM a BBB- con perspectiva negativa mientras que Asofondos, con 3 billones de pesos de los trabajadores invertidos, también expresó preocupación por la situación.
Para la administración de Medellín estas decisiones se toman para proteger el patrimonio público. En estos momentos esa protección viene al tomar los correctivos necesarios. Esto es, nombrar una junta independiente, sin padrinos políticos, con conocimiento y experiencia y con agenda de largo plazo.