Este martes 15 de noviembre era la fecha anunciada para la entrada en operación de las dos primeras unidades de Hidroituango tras los traumáticos retrasos que ha sufrido el proyecto energético más importante del país. En vez de ello, se realizará un simulacro de evacuación de alrededor de cuatro mil habitantes de las comunidades aguas abajo del complejo, por solicitud de la Unidad de Gestión del Riesgo y otras autoridades.
Además, el pasado fin de semana la Comisión de Regulación de Energía (Creg) recibió una petición de Empresas Públicas de Medellín (EPM) para una prórroga del plazo para que Ituango cumpla con sus obligaciones de energía en firme, luego de casi cuatro años del primer incumplimiento. Más allá de las definiciones que tome el ente regulatorio- que podrían implicar onerosos costos financieros adicionales- los retrasos del encendido ponen sobre la mesa recientes preocupaciones sobre la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico.
Distintos actores, tanto empresariales como gremiales, han venido alertando sobre ciertas condiciones que, de agudizarse, generarían un riesgoso ‘estrés’ sobre la generación energética en Colombia. Lo primero que se le viene a la mente a cualquier usuario es la disparada en las tarifas eléctricas. El ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’, impulsado por el Ministerio de Energía y apoyado por las empresas en la cadena de valor, tendrá su prueba de fuego en los próximos meses, cuando hogares y consumidores puedan dimensionar la magnitud de la reducción.
Además de garantizar el suministro de forma confiable y segura, el mercado debe hacerlo a precios racionales y con eficiencia. Y es ahí donde la incertidumbre sobre el futuro de Hidroituango despierta la necesidad de tomar decisiones y acciones hoy que sirvan para prevenir situaciones indeseables en el mediano plazo. Aunque ya haya un plan B para el gran hueco de Ituango, otros factores, climáticos y estructurales, comienzan a combinarse y sustentan estos recientes llamados de atención.
En primer lugar, Hidroituango no es el único proyecto cuyos retrasos preocupan. La línea de ‘La Colectora’ en La Guajira es un ejemplo en el que, a pesar de los esfuerzos del Grupo de Energía de Bogotá, un puñado de comunidades mantienen exigencias exorbitantes que frenan los necesarios avances. Las dificultades de las consultas previas, junto a los impactos financieros de la devaluación, de las materias primas y de las altas tasas de interés, están complicando, y en últimas retrasando, la entrada de proyectos de energías renovables, cruciales para la transición.
A los problemas de Ituango y las complejidades en el frente de las renovables se añaden tanto los crecimientos de la demanda de energía de la economía colombiana por encima de las previsiones -que demandan unos mil megavatios adicionales anuales y billonarias inversiones- como la probabilidad del fenómeno de ‘El Niño’, esto es falta de lluvias, en los próximos años. De acuerdo a XM, operadora del mercado eléctrico, la combinación de estos factores conduce a escenarios en los cuales se contemplaría el racionamiento en el futuro cercano. Por tal razón, decisiones como por ejemplo una subasta de expansión enviarían al mercado las señales necesarias para ir reduciendo la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios críticos.
La semana pasada el Gobierno lanzó el cronograma para la construcción de la hoja de ruta de la transición energética. En paralelo con ese ejercicio, se requieren acciones específicas y prontas en dirección a estos múltiples frentes que hoy generan atención en el sistema eléctrico nacional, en adición a las tarifas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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