Ayer, Bogotá volvió a ser escenario de movilizaciones, con los campesinos como protagonistas. La marcha que culminó en la Plaza de Bolívar, fue el acto de cierre de la llamada Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que llevaba varios días reunida y había sido convocada por entidades como la Minga Social Indígena o la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, entre otros.
Según sus representantes, el motivo de las manifestaciones no era otro que el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos pactados a finales del año pasado, cuando una sucesión de paros trastornaron el normal desarrollo de las actividades. En consecuencia, se volvieron a escuchar los llamados a una nueva huelga que tendría lugar en abril, justo cuando la campaña por la Presidencia entra en su recta final.
Esta vez, sin embargo, la convocatoria no fue la misma de otras veces. Aunque centenares de personas llegaron a la capital desde diferentes puntos del territorio nacional, la movilización estuvo lejos de agrupar a las 35.000 almas que habían anunciado sus promotores.
Más llamativo resultó el hecho de que una de las banderas más agitadas tuvo que ver con el rechazo a la posible salida del alcalde Gustavo Petro del Palacio Liévano, que podría ser definida hoy por el Consejo de Estado. Agradecido por el respaldo, el mandatario hizo uso del micrófono y reiteró sus consignas en contra del Procurador y las mafias a las que acusa de estar detrás de su eventual salida.
Tales reacciones hacen pensar que lo que está en juego tiene menos que ver con la política agraria y más con la política a secas. En lugar de peticiones concretas tendientes a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en las zonas rurales, los planteamientos tienen que ver, ante todo, con el modelo económico imperante. Eso quiere decir un rechazo radical al Pacto Agrario que impulsa la administración Santos, además de una solicitud para que se respete “el derecho de los pueblos a definir el uso de la tierra y los alimentos a cultivar”.
Aunque en un sistema democrático -así sea imperfecto como el colombiano- existe el derecho a la protesta, la pregunta es si tales reivindicaciones van a conseguir el respaldo que desean. Si bien han pasado pocos meses desde cuando la opinión se mostró en favor de las quejas de los labriegos, la situación no es la misma.
Para comenzar, algunas condiciones objetivas han cambiado. Así pasa con los cafeteros, que se han beneficiado de un repunte en el tamaño de la cosecha, justo cuando el precio internacional tiende al alza, debido a la sequía que ha golpeado con particular dureza al sur del Brasil. La inesperada bonanza es importante y ayuda a borrar los sinsabores del pasado reciente, aparte de debilitar el ánimo de salir a bloquear las carreteras, pues es mucho más rentable quedarse trabajando en la parcela.
Adicionalmente, ciertos alimentos han subido, en respuesta a la evolución de los ciclos de oferta y demanda. Un cultivo emblemático como el de la papa enfrenta condiciones menos difíciles que las vistas en el segundo semestre del 2013. Incluso en casos complejos como el del arroz, hay un canal de comunicación con el principal gremio, algo que hace menos probables las vías de hecho.
Para completar el panorama, también han aparecido grietas en algunas de las organizaciones. Los celos, las denuncias sobre quién se quedó con determinadas ayudas, o las aspiraciones políticas frustradas, generan rechazo en la base campesina, que siente que sus legítimas peticiones por un ingreso más alto y una mejor calidad de vida se han vuelto a supeditar a intereses grupales o personales.
Mientras eso pasa, el Gobierno ha aprendido la lección del pasado, en el sentido de dialogar con quien toque la puerta. Esa es otra razón por la cual la semilla de las protestas parece tener esta vez más follaje que raíces.
Ricardo Ávila Pinto
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