Francisco Miranda Hamburger
Editorial

La discusión sobre minería

Al debate abierto sobre qué minería Colombia debe tener se suma la urgencia de claridad jurídica y la reforma a regalías.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
octubre 06 de 2019
2019-10-06 04:09 p.m.
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Colombia no es un país minero. A pesar de las percepciones de muchos colombianos sobre la extensión de esta actividad extractiva, su contribución al PIB- alrededor de 2 por ciento- es mucho menor que el de las potencias mineras.

No obstante, el aporte del sector a las finanzas públicas, a los municipios donde operan y a las regalías no es menor. Diez grandes empresas mineras del país giran a las arcas del Estado un monto cercano a los 5 billones de pesos al año.

De acuerdo a la Asociación Colombia de Minería (ACM) el sector ha generado 350 mil empleos directos y casi un millón indirectos. Sin embargo, la minería es abiertamente rechazada por un porcentaje considerable de la sociedad.

Según datos de la medición Brújula Minera de 2019, el 39 por ciento de los encuestados considera que la actividad debería ser prohibida en todo el territorio nacional y 55 por ciento no la quisieran en su municipio. Para una industria legal, formal y con semejante contribución, estas estadísticas han sido fuente de preocupación por varios años.

A lo anterior se añade que la minería atraviesa una baja en su producción. En comparación con el primer semestre de 2018, este año cayó la extracción de carbón, oro, níquel, cobre y esmeraldas.

Tanto en momentos de bonanza como de floja producción, la discusión sobre la minería en Colombia es la misma: ¿qué tipo de minería el país necesita y debe consolidar así como las reglas claras para su operación jurídica, ambiental, social y económica?
Aunque parezcan obvias, éstas son cuestiones que aún no están satisfactoriamente resueltas ni para el Estado, ni para las comunidades, ni para las empresas ni para los ambientalistas y otros opositores.

No es la falta de voluntad de la mayoría de los actores la que ha impedido que Colombia zanje este debate. El gremio minero y sus empresas, los mineros pequeños, organizaciones como el GDIAM, universidades como el Externado, centros de investigación, expertos ambientalistas y funcionarios del Estado han financiado, participado e impulsado espacios políticos, académicos y sociales para encontrar los puntos de acuerdo.

Una sociedad con una creciente sensibilidad ambiental y mayor preocupación por la inequidad social no sólo se inquieta por los impactos inevitables de la actividad sino también cuestiona que los regiones mineras no hayan convertido su riqueza en desarrollo económico bien distribuido.

Del lado de las grandes empresas también está comenzando a ganar terreno la idea de que, además del empleo, las regalías y los impuestos, la minería debe asumir un papel más activo en la sostenibilidad de sus áreas de influencia.

Pero, en simultánea con esta discusión conceptual, el sector minero es una realidad tangible en los territorios y enfrenta varios retos. El primero es el de la claridad en las reglas del juego jurídicas. La llamada ley de “coordinación y concurrencia” es instrumental en la sincronización entre el Gobierno central y los municipios sobre la extracción de minerales.

A esto se suman las licencias y demás trámites pendientes para muchos proyectos, incluidos varios de gran impacto. Claridad es también celeridad.

Un segundo aspecto es la reforma a las regalías que ya transita su segunda vuelta en el Congreso. Los municipios productores requieren un marco más comprensivo frente a la distribución de esa riqueza natural.

Sin negar la amenaza de la corrupción local, el sector minero necesita urgentemente que las condiciones socioeconómicas de sus áreas de influencia mejoren. Otro punto es el de la formalización de las unidades mineras pequeñas y medianas así como el combate a la minería criminal.

Esta es una agenda, práctica y conceptual, sobre la industria minera, cuya discusión debe ganar más tracción.

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