Cuando hace casi tres años el Gobierno de Colombia y las Farc empezaron a conversar en La Habana, con miras a firmar un pacto que condujera al desarme del principal grupo guerrillero que opera en el país, un principio quedó expresado con claridad: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por tal motivo, el forzado apretón de manos que se dieron este miércoles en la capital cubana Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez (‘Timochenko’) debe ser entendido como un buen augurio, pero no como la conclusión del proceso.
Es verdad que haber sorteado el punto de la justicia, que se había convertido en el obstáculo más grande de las negociaciones, no es algo menor. De hecho, la falta de avance en esta materia fue la que amenazó con descarrilar definitivamente el intento de conseguir la paz. Sin embargo, todavía faltan seis meses antes de la última rúbrica, para poder decir que los diálogos rindieron sus frutos.
En dicho lapso será necesario sortear retos adicionales, incluyendo el procedimiento de concentración de las tropas subversivas y su posterior desmovilización. Estrictamente hablando, tan solo la mitad de los seis puntos de la agenda definida en un comienzo han sido completados.
Pero, sin duda, el reto más difícil es conseguir el respaldo de la opinión a la hora de refrendar lo convenido en la isla caribeña. Más allá de los discursos y los aplausos, la ciudadanía se verá abocada a medir el tamaño de los sapos que deberá tragarse, para usar la expresión coloquial. Muchos creerán que estos son impasables, mientras que otros, posiblemente, decidan hacer de tripas corazón y preferir un país en el que disminuyan los índices de violencia, a cambio de penas relativamente leves.
Aunque los detalles apenas empezarán a conocerse con el paso de los días, la pregunta central es en qué consiste la restricción efectiva de la libertad que será aplicada a quienes reconozcan su responsabilidad en los delitos más graves. Es evidente que el concepto no implica el estar recluido en una prisión, como sí pasaría para aquellos que confiesen sus culpas tardíamente y los que se declaren inocentes y sean encontrados culpables por la jurisdicción especial creada para tal fin.
De tal manera, más de uno tiene la inquietud sobre si en la primera opción existe la posibilidad de moverse por el territorio nacional o desempeñar diferentes actividades, comenzando por el proselitismo político. El explicativo entregado a los medios de comunicación afirma que la idea es que se cumpla ante todo con funciones reparadoras y restaurativas de las sanciones, pero es necesario especificar en qué consiste esta en términos prácticos.
También es bueno tener claro que el esquema que se propone aplicaría para todos los individuos relacionados con el conflicto. En concreto, no se trata únicamente de guerrilleros, sino también de los particulares y los agentes estatales. Trazar la línea con respecto a múltiples delitos que se han visto a lo largo de más de medio siglo de horrores es, igualmente, algo fundamental si se quiere contar con el apoyo de la gente.
A esto hay que agregar el requisito de que el Congreso haga su trabajo con el fin de que el Ejecutivo disponga de facultades que hoy no tiene. La propuesta que empieza su tránsito por el Capitolio es bien importante, sobre todo si se tiene en cuenta que existe un cronograma definido, que cuenta con poca flexibilidad.
Lo anterior es apenas un ejemplo de las puntadas que faltan aún en un traje que se encuentra mejor confeccionado que todos los anteriores, pero que no está listo para salir a la calle. Tal como lo dijo el propio Santos, “la paz está más cerca que nunca”.
Sin embargo, el hecho de tener la meta a la vista no puede confundirse con haberla alcanzado. Queda la etapa más crítica, antes de terminar el camino. Celebrar de manera prematura es como ensillar antes de traer las bestias.
Ricardo Ávila Pinto
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