Tras tres años del colapso del túnel auxiliar de desviación del proyecto hidroeléctrico Ituango, que desató una profunda crisis que no se ha superado completamente, el panorama de esta crucial megaobra de infraestructura eléctrica se ha vuelto a enredar. La situación recientemente se ha complicado tanto desde el frente jurídico y financiero como desde el político.
A las dificultades derivadas de los retrasos de la construcción se han sumado investigaciones y decisiones de los entes de control y, hace pocos días, la admisión de Coninsa y Conconcreto -empresas del consorcio CCC Ituango- en proceso de reorganización de la Superintendencia de Sociedades. Además, el fallo, en primera instancia, de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 4,3 billones de pesos, que incluye ambas compañías y una veintena de personas jurídicas y naturales, ha aumentado la presión financiera sobre la continuidad del proyecto.
En medio de este pulso por esos dineros, el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, acusó a los contratistas de CCC Ituango de haber “bajado la calidad de materiales, de los alambres, de las mallas y de los pernos” y de haber tomado decisiones irresponsables. A lo anterior han respondido tanto las empresas señaladas como los dirigentes gremiales, Bruce Mac Master, de la Andi y Juan Martín Caicedo, de la Cámara Colombia de Infraestructura. Estos últimos alertaron sobre el despliegue de “estrategias mediáticas de desinformación, manipulación y daño a personas y organizaciones”.
Cuando se registran estas distintas situaciones políticas, jurídicas y económicas alrededor de un proyecto hidroeléctrico que debería entrar en operación en el segundo semestre de 2022 y aportar el 17 por ciento de la energía del país, no queda más que elevar las alertas y buscar los caminos adecuados para resolverlas. En primer lugar, todos los actores involucrados en este megaproyecto no deben perder de vista en sus decisiones la urgencia de garantizar la seguridad energética de Colombia.
Sin desconocer la necesidad de avanzar en las distintas investigaciones de los entes de control y el respeto a los procesos debidos de esas entidades, así como sus fallos y el establecimiento de responsabilidades, se deben encontrar alternativas para que las obras en Ituango no se detengan. La parálisis parcial o temporal del proyecto es una opción con implicaciones técnicas y económicas muy inconvenientes, como lo afirmaron conjuntamente los siete decanos de las facultades de ingeniería en Antioquia.
Es perentorio que las incertidumbres que hoy se ciernen sobre Hidroituango tengan una ruta en la que, si bien no se resuelvan de una manera concluyente, se genere el espacio suficiente para la continuación de las obras, que ya cuentan con un avance mayor al 80 por ciento. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de ir minimizando el impacto en la demanda energética nacional, el costo y las tarifas de energía, que podría desatar mayores retrasos en la entrada de operación de Ituango.
La vulnerabilidad del sistema eléctrico ante ese escenario indeseable no es menor y requiere estrategias.
La mira del Gobierno Nacional, gobierno local, contratistas, órganos de control, EPM y demás actores no puede desviarse de la necesidad de cumplir con este último tramo de construcción y de asegurar la entrada en operación de Hidroituango, sin eximir a nadie de responsabilidades ni dejar de desenredar la actual maraña.
Francisco Miranda Hamburger
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