Cualquier persona que mira por primera vez el mapa de Colombia no deja de sorprenderse al constatar el tamaño de lo que se conoce como los llanos orientales, esa región que forma parte de la cuenca del río Orinoco y que equivale al 28 por ciento del territorio nacional. Integrada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, la zona tiene apenas 1,5 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales la mitad vive en Villavicencio.
A pesar de su bajo nivel de desarrollo y de los problemas de orden público que enfrenta, la Orinoquia es vista como un área de inmensas posibilidades. Para comenzar, buena parte de la producción petrolera del país tiene como fuente los yacimientos que se encuentran en el subsuelo llanero. El hallazgo de depósitos de crudos pesados ha permitido no solamente conseguir la anhelada meta del millón de barriles diarios, sino que ha convertido a la región en polo de crecimiento por cuenta de las inversiones hechas y las regalías recibidas.
Adicionalmente, los expertos hablan de las promesas de expansión de la frontera agrícola, tomando como ejemplo la transformación del Cerrado en el Brasil. Gracias a la buena mezcla de políticas que permitieron cultivos extensivos e investigación en semillas que respondieran a las características del terreno, la nación suramericana ha surgido como una verdadera potencia mundial en la producción de alimentos.
En el caso colombiano, ya empiezan a verse los primeros ensayos empresariales exitosos en la zona, pero las posibilidades de un avance más contundente dependen de que se resuelvan una gran cantidad de incógnitas. Estas van desde aclarar los derechos de propiedad en vastas áreas que tienen problemas de titulación, hasta poner en marcha un programa de desarrollo integral que contemple aspectos ambientales, económicos, sociales y administrativos, entre otros.
Mientras esa hoja de ruta se define y el Conpes le da su respaldo en unos meses a un documento que contiene la política gubernamental al respecto, empiezan a conocerse algunos elementos de análisis. Tal es el caso de un estudio contratado por el Ministerio de Transporte con el fin de evaluar el desarrollo de la infraestructura en la Orinoquia.
El propósito del trabajo no es otro que analizar cuánto costaría romper uno de los principales cuellos de botella que impiden el aprovechamiento de la altillanura. El veredicto es que el país tiene mucho por hacer para mejorar una red de más de 15.000 kilómetros de vías, de las cuales apenas el 11 por ciento se encuentran pavimentadas. Adicionalmente, se examinan las posibilidades del río Meta, que en las condiciones de hoy tiene 830 kilómetros navegables durante ocho meses al año y que permitiría una salida al mar a través del Orinoco, en territorio venezolano.
Mejorar sustancialmente la conectividad -tanto por tierra como fluvial- valdría unos 8,4 billones de pesos, según el estimativo hecho. Para la firma consultora, se trata de recursos que se invertirían a lo largo de más de una década, pero que es necesario comenzar a identificar.
De hecho, la administración Santos tiene entre sus planes el diseño detallado de la ruta que uniría al centro del país con Puerto Carreño. Aparte de ello, hay otras iniciativas en curso y propuestas de alianzas públicoprivadas, sobre todo en el departamento del Meta.
Pero lo ideal es que todo forme parte de una estrategia integral que merece ser definida más temprano que tarde. Bien administrada, la Orinoquia constituye una oportunidad única para crear nuevas fuentes de progreso en un país que tiene mucho por hacer en un territorio relegado a su suerte. En cambio, si se deja que las cosas avancen a pedazos o por sí solas, se corre el peligro de no poder desenredar un madeja que se ha venido enmarañando. Y eso no se soluciona solamente con más infraestructura física, sino con una buena política de Estado.