En el informe de competitividad del Foro Económico Mundial, Colombia aparece muy bien calificada en cuanto al manejo de su política macroeconómica. No obstante, este indicador no tiene en cuenta la altísima dependencia de nuestra balanza de pagos a la exportación de minero-energéticos, en particular petróleo y carbón.
En días recientes, Anif reveló cálculos de un estudio que muestra el impacto que sobre los ingresos de divisas y la situación fiscal podría tener una reducción en la producción y exportación del crudo. Basta saber que estas exportaciones son dos terceras partes del valor exportado y aportan a los ingresos del Estado 4,5 puntos del PIB.
No obstante, habrá quienes digan que con el fin del conflicto armado y una política más exitosa de exploración, el país encontrará más reservas y la exportación no tendrá dificultades, producto de los atentados contra la infraestructura energética. Pero, incluso en este escenario, la vulnerabilidad continúa, como lo demuestra el estudio ‘Colombia frente a una destorcida de los precios del petróleo’, de Hernando José Gómez, Jonathan Malagón y Carlos Ruiz para el Pnud.
El análisis parte de los pronósticos del precio del petróleo y carbón para la próxima década, que incluyen como un escenario probable una estrepitosa caída en su cotización, en la cual el mundo podría ver el barril del crudo en niveles de 60 dólares. Esto debido a tres factores: nuevas tecnologías que permiten aumentar la recuperación de yacimientos existentes del 15 por ciento hasta niveles de 40 por ciento, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales, que convertirá en pocos años a Estados Unidos en exportador de crudo, y una economía mundial cuya recuperación converge hacia tasas de crecimiento menores a las de comienzos de siglo.
Las implicaciones de esto para Colombia serían desastrosas en términos económicos y sociales. La crisis de balanza de pagos conduciría a una depreciación del 40 por ciento en la tasa de cambio y una caída en los ingresos tributarios que se combinarían para generar un importante efecto contraccionista que el país demoraría cinco años en superar. Asimismo, el impacto sobre los indicadores sociales sería desastroso y nos llevaría a perder seis años de lucha contra la pobreza, regresándonos a tasas de desempleo de dos dígitos.
Los autores no paran allí y exploran alternativas de política que permitan minimizar el impacto económico de este escenario. Sin embargo, hay recomendaciones para aplicar de manera preventiva.
De una parte, las necesidades de reservas internacionales que se darían por la caída de la cotización del crudo serían de unos 30.000 millones de dólares, por lo que el nivel de reservas óptimas sería del orden de 60.000 millones, o sea 18.000 más que las actuales. Esto implica que se requiere acumular este monto adicional de reservas para llevarlas a su nivel óptimo.
Por otro lado, es indispensable mantener la regla fiscal, ya que esta permite un acceso al menor costo posible a los mercados internacionales de crédito, al que tendremos que recurrir en ese curso de los acontecimientos.
Una tercera es que es imperioso fortalecer la estrategia de diversificación de exportaciones vía el aprovechamiento del acceso preferencial a mercados que nos otorgan los TLC. Buena parte de la tarea reside en coordinar las agencias estatales tipo MinCIT, Minagricultura, Proexport, Bancoldex, ICA, Invima, entre otros, para facilitar la generación de oferta exportable del sector privado.
Finalmente, debemos ser muy cuidadosos con la reforma tributaria, pues su resultado se juzgará no tanto por los mayores ingresos que genere, sino por su impacto sobre la inversión y el crecimiento económico. Lo peor que podría pasar en esta coyuntura sería que producto de dicha reforma se redujera la inversión y, por ende, la capacidad de producir más bienes transables que urgentemente necesita el país.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto