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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Incluir la informalidad

Cualquier discusión de reformas a las normas y al mercado laboral debe incorporar medidas para reducir los trabajadores informales.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
enero 17 de 2023
2023-01-17 10:05 p. m.
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El pasado lunes el Dane publicó las más recientes mediciones sobre el empleo informal en el país.

De acuerdo a la organización nacional estadística, en el trimestre móvil septiembre- noviembre del 2022, la tasa de informalidad laboral en Colombia registró el 58,2 por ciento, una reducción de 0,9 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior.

En el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción marcó el 45,3 por ciento, 1,2 puntos porcentuales menos que lo registrado en el mismo trimestre de 2021.

A primera vista, es una buena noticia la disminución de los niveles de ocupados informales en el territorio nacional.

Sin desconocer esa caída, cabe preguntarse por qué, a pesar de la dinámica de generación de empleo jalonada por la reactivación económica, la informalidad no descendió en esas mismas proporciones.

Esto es, la recuperación laboral de la post-pandemia ayudó a estabilizar los ingresos reducidos de millones de hogares colombianos tras la parálisis de los confinamientos, pero no se tradujo en mejoras sustanciales en la calidad de esos puestos de trabajo.

De hecho, una mirada más local de los datos nacionales refleja un panorama aún más preocupante.

Mientras en Bogotá la proporción de ocupados informales es de un 36,3 por ciento, en Valledupar y Riohacha estos indicadores alcanzan el 69,5 y el 68,3 por ciento de la población ocupada.

Junto a estas dos ciudades caribeñas están el resto de las cinco capitales del Caribe continental, más Cúcuta, Quibdó, Popayán y Florencia, con tasas de informalidad laboral por encima del 58,2 por ciento del promedio nacional.

Este ‘mapa’ de los trabajadores informales empuja también a preguntarse cuáles son las medidas específicas que el Gobierno Nacional y las administraciones regionales están implementando para atacar la informalidad laboral en la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y el suroccidente.

¿Qué paquete de decisiones públicas se necesitan adoptar para que estas economías locales generen puestos de trabajo con mejores condiciones, más protección y en cumplimiento de las normas?

No sobra repetir la necesidad urgente de estimular con más energía y eficacia el avance en la formalidad tanto laboral como empresarial.

Con aumentos del salario mínimo del 16 por ciento, como el acordado para el 2023, les quedará aún más difícil y menos atractivo a las empresas colombianas- en especial las más pequeñas y las micro- tratar de formalizar sus actividades y a sus empleados.

Mientras los costos del empleo formal suben, los negocios en el país enfrentan un año complicado, con alta inflación, altos precios de insumos y altos impuestos.

Los altos niveles de informalidad laboral en Colombia son un fenómeno con serias consecuencias, más allá de la calidad del mercado del trabajo.

Su conexión con los sistemas de protección social y de pensiones es muy estrecho: hoy que se discute en el país una potencial reforma pensional, la baja proporción de trabajadores formales, que cotizan regularmente, apunta directamente a la fragilidad financiera y actuarial de cualquier régimen.

Por otro lado, el gobierno Petro también ha anunciado que el mercado laboral estaría incluido en su paquete de reformas.

La tentación de que el diseño de los cambios al trabajo se concentre más en brindar mejores condiciones a los ya empleados e ignore las medidas para generar más empleo formal y estable, es muy alta.

Cualquier discusión sobre reforma laboral tiene que incorporar medidas para reducir más efectivamente la proporción de trabajadores informales en la economía.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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