Han pasado seis semanas desde cuando la compleja situación de Buenaventura llegó a los titulares de los medios de comunicación, por cuenta de las quejas de los habitantes del puerto, asediados por el crimen y la desesperanza.
Las macabras descripciones sobre las llamadas ‘casas de pique’, sumadas a las protestas de los comerciantes con respecto al flagelo de la extorsión y la existencia de un panorama social inquietante, hicieron que se multiplicaran las peticiones para que las autoridades tomen cartas en el asunto.
En respuesta, el Gobierno Nacional anunció que intensificaría su accionar con el fin de atender los problemas más urgentes y, al tiempo, buscarle una salida sostenible a una ciudad de cerca de 400.000 habitantes, en la cual confluyen infinidad de males.
Un primer examen de lo hecho hasta ahora tuvo lugar el martes en el Congreso, cuando un grupo de funcionarios presentó un informe ante la plenaria del Senado, en donde el ausentismo fue la nota predominante.
Según el reporte oficial, diversos programas ya están en marcha.
El más notorio de todos tiene que ver con la seguridad, que consiste en el aumento del pie de fuerza en las calles de la urbe, tras el arribo de más efectivos de la Policía y de las Fuerzas Militares.
A esa labor se agregan las capturas de más integrantes de ‘La Empresa’ y ‘Los Urabeños’, las bandas criminales que se disputan el control de la zona.
El resultado, hasta ahora, ha sido una disminución de los delitos, si bien se han documentado nuevos asesinatos.
Para que los avances se consoliden es indispensable que la presión sobre los delincuentes se mantenga en forma permanente, algo que pasa por una mayor efectividad de los organismos judiciales.
Sin embargo, ese es apenas un aspecto de una estrategia que, para ser exitosa, requiere avances en múltiples frentes. Uno de los más críticos tiene que ver con las intervenciones en el campo social que incluye obras de infraestructura, las cuales van desde la provisión del servicio de acueducto hasta iniciativas de vivienda.
A lo anterior hay que agregar la entrega de subsidios directos, una mayor cobertura del servicio de salud, la edificación de complejos deportivos, al igual que instalaciones escolares y el refuerzo a la presencia del Sena, entre otros.
Pero quizás el mayor desafío es el desarrollo de las instituciones locales, en manos de la politiquería y la corrupción.
Los cuestionamientos que se hacen a la Alcaldía, se juntan con el manejo de la red hospitalaria y las universidades que ofrecen programas en Buenaventura.
La necesidad de que las cosas funciones bien a nivel local es clave a la hora de generar oportunidades. Y es que la mayor contradicción que enfrenta la capital de la Alianza del Pacífico –según la llamó Juan Manuel Santos– es que a pesar de que el 41 por ciento de la carga que entra y sale del país (exceptuando el carbón y el petróleo) pasa por el puerto, no existen encadenamientos productivos.
Puesto de otra manera, mientras en Cartagena o Barranquilla hay una base industrial importante orientada a las exportaciones, en el caso de la población vallecaucana eso no sucede.
Debido a ello, el desempleo supera el 40 por ciento, de acuerdo con cálculos de Fedesarrollo, y las oportunidades de encontrar un trabajo formal son muy bajas.
Como un cambio de condiciones no ocurre de la noche a la mañana, lo que se requiere es continuidad en la acción gubernamental.
Y es que de las 30 acciones inmediatas identificadas por el Ejecutivo, la mayoría se encuentra en el papel, con excepción de lo hecho por el Ministerio de Defensa y el Departamento para la Prosperidad Social.
Por tal motivo, hay que tener la rienda corta para que lo que se prometió se cumpla, y el plan de largo plazo, a cargo de Findeter, se lleve a cabo. Si no es así, Buenaventura volverá a ocupar titulares pronto y no por cuenta de las buenas noticias.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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