No hay semana en la que no aparezcan en los medios de comunicación noticias sobre el pobre estado de la movilidad en Bogotá.
La oleada de reportes negativos da una muestra de la crítica situación que atraviesa un sector clave para la calidad de vida de sus habitantes.
Bloqueos de usuarios y denuncias de agresión sexual en Transmilenio, escándalos sobre obras inconclusas, operaciones ‘tortuga’ de motociclistas y taxistas, además de informes de entidades de control, reflejan una emergencia que es permanente.
Mientras ello ocurre, la administración Petro luce indiferente a los clamores ciudadanos.
Como en tantos otros asuntos, el gobierno distrital ha entrado en un estado de semiparálisis, mientras espera los dictámenes legales sobre la permanencia o no del burgomaestre en su cargo.
Pero el problema realmente viene de atrás, tanto en políticas como en obras. Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, apenas el 5 por ciento del presupuesto del IDU se giró el año pasado.
La lista de pendientes en lo que hace a la movilidad capitalina es tan larga como la de promesas que contiene el Plan de Desarrollo vigente.
La Alcaldía anunció el año pasado un paquete ambicioso de iniciativas que incluía desde la construcción de dos nuevas troncales de TransMilenio hasta la puesta en marcha de un par de cables aéreos en el sur de la ciudad. También se comprometió a implementar el 70 por ciento del Sistema Integrado de Transporte (SITP) para mayo.
Además, el discurso oficial está lleno de referencias al peatón, la bicicleta, la reducción de la contaminación y un mayor uso del transporte público.
Sin embargo, el camino que une esos proyectos con la realidad de su ejecución no se ve claro. Todo lo contrario.
La Secretaría de Movilidad ha perdido la iniciativa técnica y política, y cada crisis la toma por sorpresa, sin respuestas a la mano.
La brecha existente entre las promesas y el músculo para hacerlas avanzar luce hoy más grande que nunca.
Como resultado, las autoridades locales se están quedando cortas tanto en las salidas coyunturales –la restricción vehicular– como en la planeación estratégica, las troncales y el SITP.
Por todo lo anterior, es necesario que el tema vuelva a tener la prioridad que merece, independientemente de quien esté en el Palacio Liévano. Los ciudadadanos pagan hoy la ineficiencia acumulada, la descarada corrupción y la pérdida de capacidad técnica de una década de malos gobiernos. Engolosinados con una falsa dicotomía entre las políticas sociales y las obras físicas, los últimos cuatro alcaldes despreciaron las necesidades de infraestructura de la metrópoli.
El rezago de Bogotá es un inequívoco ejemplo del desdén de ciertos gobernantes a la hora de planear, diseñar y ejecutar un buen paquete de inversiones en movilidad.
Una flota vehicular que se ha duplicado en 10 años, 400.000 motocicletas rodando por las calles y una mayor demanda de viajes se enfrentan a la falta de nuevos kilómetros de vías, un SITP a medias y el servicio de Transmilenio al borde del colapso.
A esto se añaden mototaxis y bicitaxis sin regulaciones, un deterioro en la seguridad vial, la ausencia de cultura ciudadana, falta de gestión inteligente de tráfico y poca señalización, entre otros problemas. Con razón se insiste en que la capital se encuentra a punto de quedar paralizada.
Invertir en movilidad no es invertir solo en la calidad de vida de la gente, sino también en la competitividad urbana. Una ciudad en ‘trancón’ permanente no genera la riqueza ni los bienes y servicios para los que tiene potencial.
Y tras una década de administraciones sordas a esas lógicas económicas, los atascos están empezando a pasarles la cuenta a todos y cada uno de los bogotanos.
Así las cosas, hay que aceptar que no se puede tapar el sol con las manos y enfrentar los problemas cuanto antes. Quien quiera que sea el Alcalde.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto
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