Si las cábalas de los conocedores son correctas, esta misma semana podría darse un anuncio importante en el ámbito de la negociación que desde hace más de tres años y medio adelantan el Gobierno y las Farc, un tema que parece haber sido relegado a segundo plano por cuenta de preocupaciones más urgentes. Y aunque la agenda diaria es intensa, no está de más pensar en lo que puede venir una vez ambos lados estampen su firma en un texto definitivo.
Si bien existe un relativo consenso en torno a los grandes beneficios que traerá el fin del conflicto en el largo plazo, aún hay un amplio debate en cuanto a los costos y desafíos que tendrá que enfrentar el país de forma más inmediata. Aparte de que ambos bandos se den la mano, la construcción de una paz estable y duradera requiere de una serie de transformaciones estructurales, no solo de carácter económico, sino social, institucional y legal.
En este sentido, es necesario que lo que viene se construya sobre bases sólidas, que pasan necesariamente por un marco legal confiable y transparente, una sociedad menos desigual y más educada, unas finanzas públicas sostenibles y un sistema productivo firme e incluyente. Sin duda, un instrumento clave para lograr este último propósito es la inclusión financiera, como bien lo ha señalado Asobancaria.
La nueva realidad requiere de una estrategia acorde con un escenario distinto. Es así como las entidades de crédito deberían adquirir un rol preponderante, promoviendo el acceso a productos y servicios financieros a poblaciones que antes estaban por fuera del sistema, como las víctimas y los reinsertados.
Será clave facilitar, entonces, productos transaccionales y de ahorro a los beneficiarios de los programas de reparación y reinserción. Para citar un caso hipotético, el giro de subsidios por medios electrónicos no solo reduce costos, sino que mejora la seguridad de las transacciones y permite una mayor trazabilidad, favoreciendo la transparencia en la asignación de los recursos.
De igual forma, lograr una adecuada incorporación de miles de personas a las corrientes de la modernidad, requerirá, entre otros aspectos, de una especie de reinserción económica, para lo cual el acceso al crédito resultará fundamental. Con el fin de emprender sus nuevos proyectos de vida, excombatientes y comunidades enteras deben hacer las cosas de forma distinta, y es en este campo que el sector financiero desempeña un papel crucial.
En la actualidad, más de tres cuartas partes de los adultos en Colombia tienen al menos un producto financiero, cerca de 8 puntos porcentuales por debajo de la meta que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo para el año 2018. Lograr incorporar a más gente a dicha meta traerá consigo importantes beneficios económicos y sociales.
Y es precisamente en este proceso que aparece otro de los grandes retos que tendrá que asumir el sector: llegar a zonas de difícil acceso, donde antes no era posible hacer presencia por causa de la violencia. Esto, implicará inversiones en oficinas, corresponsales bancarios y cajeros electrónicos, que terminarán redundando en ganancias, en términos de inclusión rural.
De igual forma, lograr que estas poblaciones tengan mayor acceso al crédito favorecerá la profundización financiera, con sus consecuentes efectos positivos en materia de bienestar y crecimiento. No obstante, es importante afrontar con franqueza los desafíos que surgen de puntos todavía pendientes, como la necesidad de entregar títulos de propiedad a decenas de miles de personas que hoy no pueden aspirar a un préstamo en las áreas rurales.
En el mejor de los casos, una mayor inclusión financiera trae consigo beneficios al favorecer la formalización, reducir la pobreza y permitir a un gran número de colombianos administrar sus finanzas. Sin embargo, hay que trabajar duro para convertir las oportunidades en realidad, pues nada surgirá por generación espontánea. Los bancos dan la impresión de pensar en los desafíos pendientes. Ojalá otros sectores productivos hagan un ejercicio similar.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
