Ricardo Ávila

De justos y pecadores

Ricardo Ávila
Director de Portafolio
POR:
Ricardo Ávila
febrero 08 de 2013
2013-02-08 01:35 a.m.
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Hacía tiempo que el nivel de indignación nacional no llegaba a un punto como el registrado en las redes sociales, tras conocerse de la suspensión temporal de las operaciones de cargue de carbón por parte de la multinacional Drummond.

La determinación de la Agencia de Licencias Ambientales, tiene como justificación el manejo dado por la compañía a la emergencia que se presentó con una barcaza en inmediaciones de Santa Marta hace unas tres semanas. Todo indica que, en contra de lo dicho inicialmente, varios centenares de toneladas del mineral fueron vertidas de manera intencional en el lecho marino.

Lo ocurrido destapó la rabia contenida desde hace años, por cuenta del método que se usa para exportar el carbón en esa parte del Magdalena. Son incontables las denuncias hechas por la comunidad en torno al deterioro de las playas, el agotamiento de la pesca, la contaminación producida por el polvillo que vuela por los aires y las incomodidades nacidas de los largos convoyes de trenes que traen el producto desde el Cesar.

Frente a tales quejas, existe la impresión de que la empresa es indolente y que el Gobierno es incapaz de meterla en cintura. Sin entrar a juzgar los méritos de dicha opinión, lo cierto es que episodios desafortunados como el descrito son los que hacen mucho más compleja la marcha de la locomotora minera.

Por tal motivo, esta debería ser la oportunidad para insistir no solo en el cumplimiento de las normas ambientales, sino para establecer estándares más altos. En respuesta, alguien podría decir que ya hay una senda trazada, pues existe la obligación de poner en marcha el sistema de carga directa de carbón, antes del próximo primero de enero. Debido a ello, diferentes firmas –incluyendo a la Drummond– realizan inversiones considerables con el fin de adoptar un método más seguro de llevar el mineral a los barcos que lo transportan.

Pero hay que ir más allá. En primer lugar, la opinión debería tener acceso a evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de las obligaciones a las que se han comprometido las empresas que han firmado contratos de concesión con el Estado. En este caso, el desafío más complejo es el de distribuir las responsabilidades entre agencias del orden nacional y otras del regional, que en muchos casos no cuentan con los recursos o el personal idóneo para realizar los controles. Afortunadamente, la nueva Agencia Nacional Minera tiene cómo hacer labores de fiscalización, que ojalá lleven a correctivos más temprano que tarde, en coordinación con las autoridades ambientales.

Aunque no faltará quien diga que una política de ‘apretar clavijas’ es inconveniente en momentos en que las cotizaciones internacionales del carbón muestran tendencia a la baja, de lo que se trata es de establecer reglas de juego justas que permitan que la actividad se desarrolle. De lo contrario, la percepción de que los colombianos asumen el costo y otros se llevan los beneficios, continuará haciendo más difíciles las cosas.

En cambio, la ciudadanía merece saber que no todas las explotaciones son iguales, ni se pueden incluir en la misma canasta. Para decirlo con claridad, hay unas empresas que son conscientes de la importancia de su reputación empresarial y otras a las cuales su fama les importa poco, mientras las utilidades crezcan. Las primeras normalmente están en bolsa, en donde dependen del escrutinio de la opinión pública, en tanto que las segundas tienden a ser de capital cerrado.

Por tal razón, es lamentable que justo cuando sucede lo de Drummond, los trabajadores del Cerrejón hayan decidido decretar una huelga que puede salirle muy costosa no solo a la firma, sino a La Guajira y al país. Y es que los llamados a la sensatez para que se produzca un arreglo rápido pueden caer en terreno árido en una opinión que con facilidad tiende a confundir a los justos, con los pecadores.

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