El arranque de las obras del metro de Bogotá hace unos días así como la reciente inauguración del Túnel de la Línea llaman la atención sobre el papel crucial de la infraestructura en la reactivación económica.
La pandemia -y el choque a la economía que desató- han reactivado el debate tanto en Colombia como en el mundo sobre las fórmulas que los países debían implementar para retornar a la senda de crecimiento.
Uno de los ingredientes presentes en la mayoría de las recomendaciones para la reactivación de las economías son las inversiones en proyectos de infraestructura, jalonados por los Gobiernos.
Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en días recientes estimó que inversiones públicas de 1 por ciento del PIB de los países en vía de desarrollo podría crecer el tamaño de estas economías en un 2,7 por ciento, generando millones de empleos directos y decenas de millones de puestos de trabajo indirectos.
Los paquetes de infraestructura recomendados por estos organismos multilaterales van más allá de los tradicionales proyectos de obras públicas, vías y puertos, para incluir iniciativas de energías renovables, infraestructuras “verdes” y digitales, salud pública y transporte urbano.
El plan de reactivación económica de la administración Duque no es ajeno a este abordaje más amplio de la infraestructura, incluyendo unos componentes de energías limpias y de transformación digital.
No obstante, es el sector tradicional de la infraestructura -que en Colombia se traduce en vías, puertos y aeropuertos- sumado al de la construcción de vivienda los que sostienen sobre sus hombros el esfuerzo de coordinación público-privada del plan.
Dicho en otras palabras, las obras de infraestructura son las catalizadoras de siempre que, a la par de jalonar inversiones y derramar dinamismo a otros subsectores, también generan puestos de trabajo.
Afortunadamente la agenda del Gobierno Nacional en este sector ha estado enfocada, en buena parte, en “concluir” proyectos que venían de atrás, en especial las autopistas 4G. El balance de esta gestión, liderada por el Ministerio de Transporte, es positivo.
Más allá de entregas de obras puntuales y con gran atractivo mediático, en poco más de dos años el promedio de ejecución de las 4G pasó de 16 por ciento a 47 por ciento. Un proyecto, Girardot-Honda-Puerto Salgar, ya fue completado y entregado.
El Ministerio de Transporte recibió en agosto de 2018 9 proyectos de 4G de 29 funcionando bien. A corte de principios de este mes, ese número había subido a 25 mientras que 15 obras registraban avances superiores al 50 por ciento.
Medio centenar de proyectos ya están en la mira del Gobierno para integrar la reactivación. 28 proyectos dentro de la estrategia de “Concluir y concluir” y 22 dentro de “Vías para la Legalidad” por más de 9,2 billones de pesos y 66 mil empleos.
Los obstáculos- jurídicos, financieros, técnicos y de corrupción- que ahogan y retrasan la agenda de infraestructura del país están ya suficientemente diagnosticados. Al igual que los serios impactos que generan esas demoras, desfalcos, desidias y negligencias, en la competitividad de la economía colombiana.
No se trata de pintar un escenario de ilusiones que ignore las dificultades estructurales y siempre presentes en el desarrollo, la financiación y la construcción de megaobras en Colombia.
Pero tampoco se puede desconocer que la política de infraestructura del actual Gobierno, con su mantra de “concluir” lo pendiente, está bien equipada para asumir los retos que la reactivación económica demanda de este sector. Reactivación que podría ser la catalizadora de la siguiente generación de vías, mejores aeropuertos, el canal del Dique y el Magdalena.