Uno de los impactos socio-económicos más severos de la pandemia del coronavirus en Colombia fue el aumento de la pobreza. De acuerdo al Dane, en 2020, año del choque de la covid, más de 3,6 millones de personas cayeron en condición de pobres monetarios, esto es, 6,8 puntos porcentuales (pp) más que en 2019. En cuanto a la pobreza extrema el panorama tampoco fue positivo: en ese año la tasa alcanzó el 15,1%, 5,5 pp mayor que lo registrado en la pre-pandemia.
En 2021 la senda de la reactivación de la economía generó la dinámica laboral y de ingresos suficiente para, junto al importante efecto de los subsidios monetarios del Gobierno, reducir estos niveles de pobreza en 3,2 pp a 39,3%. A pesar de ello se trata de alrededor de 20 millones de colombianos en esta situación y otros 15,5 millones en condición de vulnerabilidad.
Si bien este corte de cuentas de la pobreza monetaria de este año solo se conocerá hasta el próximo año, las estrategias para que Colombia retome la senda de reducción que caracterizaron la década pasada debería constituir la máxima prioridad para la Casa de Nariño. De hecho, la semana pasada la administración Petro anunció el “plan de choque contra el hambre”, a cargo de Prosperidad Social, para dar a dos millones de familias pobres un giro de medio millón de pesos en este diciembre.
Además, uno de los argumentos con los que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo justificó el abultado monto de la reforma tributaria fue precisamente que esos recursos se traducirían en la reducción en las tasas de pobreza monetaria y extrema de 3,9 y 4 pp respectivamente. En otras palabras, el gobierno Petro prometió sacar con los nuevos impuestos a unos dos millones de personas de la pobreza. El recientemente publicado documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia, Potencia mundial de la vida”, identifica algunos programas y metas de lucha antipobreza. Por ejemplo, en el derecho a la alimentación, el Ejecutivo aspira a una caída en la extrema pobreza de 12,2% a un rango entre 6,2% y 10,4% en todo el cuatrienio. Es decir, con una disminución de tan solo 1,8 pp, el gobierno aprobaría la tarea.
Asimismo, el Plan de Desarrollo incorporaría en su capítulo de reforma al sistema de protección social el diseño de “un solo programa que armonice las transferencias tanto condicionadas como no condicionadas”, así como un programa de acompañamiento a los hogares pobres extremos, una reforma a los Beps y Colombia Mayor y un pacto para lo que se denomina la “Economía Popular y Comunitaria”. En conclusión, los índices de pobreza multidimensional, que cobijan otros factores adicionales al ingreso, pasarían en cuatro años de 16% a un rango entre 9,5 y 11,5%.
En simultánea con el despliegue de este plan de choque -que no puede quedarse en un giro extraordinario- y con la puesta en forma del Plan de Desarrollo, el Gobierno debe dedicarse a estructurar una estrategia integral para la reducción de los altos niveles de pobreza que hoy aquejan a Colombia. Este plan, crucial para una ciudadanía angustiada por la situación económica, la inflación y el empleo, no puede limitarse a elevar el monto de subsidios.
La lucha contra la pobreza necesita un abordaje técnico en el diseño de las iniciativas, en especial el programa único de transferencias, la adopción de metas más ambiciosas, en sintonía con las medidas diseñadas, y el aprendizaje de las lecciones de la competente tecnocracia de años anteriores que ya logró una senda sostenida de reducción hace unos años.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
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