Desde el pasado 17 de marzo cuando el presidente, Iván Duque, decretó la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, tanto la Casa de Nariño como las distintas entidades del Gobierno han tomado decenas de decisiones en los más variados temas.
Solo la Presidencia de la República ha publicado en menos de dos semanas más de 35 decretos bajo la sombrilla de la emergencia por el coronavirus que cubren desde temas tributarios y financieros hasta asuntos ambientales, de orden público y de salud pública.
A lo anterior se añaden decretos, resoluciones, directivas, lineamientos, protocolos, guías y orientaciones de los distintos ministerios, superintendencias, institutos adscritos, departamentos administrativos, el Congreso de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría y la Contraloría.
Todas estas definiciones de las distintas entidades del Estado colombiano son un reflejo del carácter generalizado que ha tenido la pandemia del coronavirus. La propagación de la covid-19 en el país ha impactado prácticamente todas las esferas de la actividad estatal y pública.
Si bien el estado de la lucha contra el virus cambia todos los días, conforme crecen los contagios y las medidas continúan generando impactos, el llamado es al cumplimiento a cabalidad de toda esta arquitectura normativa.
Sin entrar a evaluar una a una la utilidad o efectividad de las distintas disposiciones -la Corte Constitucional estudiará la exequibilidad de las normas dictadas bajo la emergencia-, es necesario enfatizar la urgencia de la implementación rápida y efectiva de algunas de ellas, en especial, aquellas que implican ayudas o alivios económicos a sectores sociales.
Un ejemplo es la aceleración de la llamada devolución del IVA, que arrancará hoy con sus primeros giros así como las demás ayudas de la red de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. El desafío está en desplegar lo más pronto posible otros canales de solidaridad que le permitan llegar con transferencias monetarias a otros colombianos informales y vulnerables.
La capilaridad de esta red de ayudas enfrenta hoy su prueba ácida con la llegada de esos recursos a los rincones más alejados del territorio nacional y usando las distintas tecnologías. El éxito está en que ese dinero en efectivo llegue en efecto a los bolsillos de los beneficiarios en las regiones.
Otro caso es de las medidas de ayuda para sectores afectados en el inicio de la crisis del coronavirus como las aerolíneas, hoteles y turismo así como líneas de crédito para pequeñas y microempresas. Los anuncios presidenciales de esas ayudas deben acompañarse de una implementación rápida. Al fin y al cabo, son acciones de emergencia que requieren un despliegue de emergencia.
De poco sirve la destinación de cuantiosos recursos para aliviar la crítica situación financiera de medianas y pequeñas empresas si no fluyen a la velocidad necesaria para evitar la quiebra de estos emprendimientos.
Así como los hogares experimentan angustia y zozobra por los impactos económicos de la cuarentena obligatoria, las empresas hoy viven algo similar al no poder generar ingresos. Esta crítica situación pone en riesgo miles y miles de puestos de trabajo en momentos de crecimiento del desempleo en la economía nacional. En otras palabras, el Gobierno debe agilizar los alivios económicos a las empresas al mismo ritmo que despliega las ayudas monetarias a hogares, jóvenes y adultos mayores.
La misma reflexión aplica para la celeridad de las medidas comerciales, tributarias, de salud pública, de liquidez financiera y demás que conforman la arquitectura normativa de la emergencia. El reto del Gobierno ahora es la eficaz puesta en marcha de esas acciones.
Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
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