El respiro en la subida de los precios al consumidor que los analistas esperaban en este tramo final del año no se concretó. De acuerdo al informe del Dane de ayer la variación anual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia alcanzó en noviembre el 12,53%, la más alta en más de 23 años. A pesar de las alzas en las tasas de interés y de la estrategia del Gobierno Nacional, la inflación no da su brazo a torcer.
La gran jalonadora de esta disparada en el costo de vida de la división de gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación anual en su IPC de 27,08% y una contribución de 4,69 puntos porcentuales a estos niveles no registrados en lo corrido del siglo XXI. De hecho, mientras los alojamientos y servicios públicos experimentaron un descenso -incluso los servicios de electricidad bajaron un 1,14% en noviembre-, los alimentos subieron tanto sus precios como su contribución.
Al ser impulsado por la comida, el IPC está impactando con más severidad a las familias de menores ingresos. La inflación anual de los hogares pobres y vulnerables alcanzó el 13,26% y el 13,12%, respectivamente. Precisamente, ante la naturaleza de ese impacto, combatir la inflación constituye, como se ha afirmado anteriormente en este espacio editorial, el desafío socio-económico más crucial de la coyuntura.
Las encuestas y sondeos de opinión coinciden en reflejar que, para la mayoría de los ciudadanos, los temas económicos son la principal problemática que el Gobierno debería enfrentar en estos primeros 120 días. Los llamados ‘asuntos de la mesa del comedor’ -que incluyen la inflación, el empleo, el costo de vida, las matrículas escolares- no solo concentran la preocupación de los colombianos sino también demandan estrategias más eficaces de la administración Petro.
El ministerio de Hacienda viene desplegando un plan de lucha contra la inflación con seis estrategias: medidas de control de precios de alimentos, mensajes unificados alrededor de la tasa de cambio, precios de la energía, aumento gradual de combustibles, desindexación de algunas actividades, bienes y servicios, y transferencias monetarias adicionales para mitigar el choque a la capacidad adquisitiva. Mientras algunas de estas medidas no cuentan con la dimensión necesaria -precios de energía y alimentos, otras incluso podrían terminar generando presiones inflacionarias como los aumentos en los subsidios-.
Por otro lado, la junta directiva del Banco de la República ha subido las tasas de interés desde finales del año pasado en su tarea de controlar la inflación. A pesar de estas decisiones, las riendas a la disparada de los precios en la economía siguen más sueltas de lo deseable, con los efectos de estos aumentos en el endeudamiento y en la dinámica de crecimiento económico.
Estas cifras del IPC de noviembre tienen un impacto adicional en la difícil negociación del aumento del salario mínimo para 2023 entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Junto al dato de la productividad (1,24%), el piso de esta discusión tripartita arranca en 13,77%. En medio de un 2023 caracterizado por la desaceleración de la economía colombiana, tasas de desempleo alrededor del 10% e informalidad en 58%, una subida desproporcionada de la remuneración mínima legal podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo, mayores presiones inflacionarias y desincentivo a la formalidad laboral.
La batalla contra la inflación continúa mientras que las medidas gubernamentales necesitan más velocidad y más eficacia.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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