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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

La intervención no es solución

Alternativas como cambiar la fórmula o que las alzas no estén atadas al IPP, entre otras, deben discutirse dentro del marco de la institucionalidad.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
septiembre 13 de 2022
2022-09-13 10:52 p. m.
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Entendible revuelo ha causado las recientes declaraciones del presidente, Gustavo Petro, sobre la eventual intervención de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El pasado viernes en el cierre del congreso de Andesco, el mandatario anunció que el Ministerio de Minas, en cabeza de Irene Vélez, asumiría las funciones de la Creg.

Las razones de la polémica decisión, en palabras del jefe del Estado, serían que “las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera”. Petro basa su deseo de intervenir el mercado energético del país en un artículo de la ley del plan de desarrollo del gobierno anterior. Más allá del debate jurídico sobre si este artículo permite que el Ejecutivo sustituya funciones del regulador, lo innegable es que la Casa de Nariño aspira hoy a intervenir la institucionalidad de la energía en Colombia.

En primer lugar es necesario reconocer que las tarifas de energía han venido subiendo a niveles tan altos que golpean duramente a hogares y empresas. Esta inflación energética ha impactado con mayor severidad a los habitantes de la Costa Caribe. Mientras la variación anual de los servicios de electricidad a nivel nacional alcanzó en agosto pasado 25,9%, en las siete capitales del Caribe continental este IPC supera el 40%. En medio de una disparada de precios, estos recibos minan la capacidad adquisitiva de millones de hogares pobres y vulnerables.

Dicho lo anterior, se justifica la urgencia para que tanto el Gobierno como los reguladores, las empresas, los gremios y demás actores encuentren salidas que reduzcan las tarifas de energía tanto en la Costa Atlántica como en el resto del país. La pregunta que hay que hacerse es si la solución más adecuada a esta situación es la anunciada intervención de la Creg.

Si bien el señalamiento presidencial ha disparado las críticas de congresistas amigos del Ejecutivo y sectores cercanos al Gobierno a la comisión reguladora- en especial al afirmar que benefician a las empresas generadoras y no al usuario, hasta el momento el debate continúa en el terreno de la política. La ruta para recibos menos costosos de luz debe transitar un camino técnico, no político ni mediático.

La siguiente pregunta es si el actual Ministerio de Minas y Energía ofrece mayores garantías para asegurar esa discusión técnica que la Creg. Si hay un miembro del gabinete del presidente Petro que haya incurrido en una serie tan larga y continuada de errores y confusiones en pocas semanas que ha minado la confianza de su sector, esa es la ministra Vélez. Sus imprecisiones y demás errores, completamente autoinfligidos, dispararon las alertas sobre su capacidad de dirigir un debate de tanta trascendencia técnica y liderar las políticas energéticas y mineras.

Mientras la administración Petro considera que la baja de tarifas se logra ignorando una institucionalidad que ha organizado por tres décadas el mercado de energía del país, los demás actores del sector -gremios y empresas- ya han puesto sobre la mesa algunas propuestas temporales y voluntarias para mitigar esta indeseable situación en el corto plazo mientras son definidas salidas en el mediano y largo. Alternativas como cambiar la fórmula, o que las alzas no estén atadas al IPP, entre otras, deben discutirse dentro del marco de la actual institucionalidad, con todos los actores, incluida la Creg.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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