El comunicado de la Superintendencia de Sociedades fue dado a conocer el lunes pasado. En su pronunciamiento, la entidad estatal determina la reorganización de la sociedad Élite International Américas con el fin de proteger a los acreedores de la firma, cuyos problemas de liquidez se habían hecho evidentes desde hace meses, una noticia que, a primera vista, se parece a otras relacionadas con las dificultades que enfrenta una sociedad para pagar sus deudas.

Sin embargo, para los conocedores quedó claro que el descalabro no era el primero de su clase. A mediados de año, las autoridades se vieron obligadas a intervenir con el fin de atender el desplome de Estraval, una compañía de mucho mayor tamaño cuya debacle causó repercusiones, pues las cifras involucradas superan medio billón de pesos.

En los dos casos, el común denominador era que parte de las operaciones de las empresas caídas en desgracia estaban relacionadas con el negocio de la libranza, un mecanismo utilizado en Colombia desde hace décadas. En su versión más simple, este consiste en la autorización que da un asalariado para que se le haga un descuento mensual de su sueldo con el objetivo de atender una obligación.

Los números que mueve la actividad son muy importantes. Según los datos más recientes, la cartera por este concepto en poder de los establecimientos de crédito asciende a 38,8 billones de pesos, una suma que representa el 37 por ciento del segmento de préstamos de consumo. Dada la calidad de la fuente de pago, los indicadores de morosidad son la mitad del promedio general, un motivo por el cual se trata de un renglón muy apetecido.

No obstante, los bancos no son los únicos que intervienen en la categoría, pues los fondos de empleados o las cooperativas cuentan con una activa presencia en el sector, ya sea mediante préstamos directos o la financiación de electrodomésticos. Quienes saben del tema aceptan que no se sabe a ciencia cierta el total de actores que intervienen, y hablan de que podrían ser centenares a lo largo y ancho del país.

Calcular el tamaño del mercado que está por debajo del radar de la Superintendencia Financiera tampoco es fácil, pues no hay estadísticas consolidadas. Asobancaria, por ejemplo, habla de 10 billones de pesos colocados, que es una cantidad importante. Los expertos discuten si en este caso la calidad de la cartera es peor, ya que es posible que el riesgo sea más alto. Los conocedores recuerdan que aquellas personas que no están en nómina, sino que se encuentran contratadas por prestación de servicios, también pueden aspirar a un crédito así.

El tema se complica ante la presencia de sociedades que compran los pagarés y consiguen inversionistas, con la promesa de obtener una rentabilidad mayor que la que daría un depósito a término fijo. El argumento de venta es que se trata de una opción segura, con lo cual es fácil atraer a gente que aspira a ganar más por su dinero.

La realidad en algunos casos es otra. Tal como se documentó en el caso de Estraval y Élite, algunos títulos fueron ‘gemeleados’ con el fin de respaldar más de una operación. No obstante, vale la pena señalar que los montos relacionados con libranzas en estas firmas fueron 26.400 y 900 millones respectivamente, lo cual deja en claro que el capítulo de la libranza fue una parte minoritaria del problema.

Aun así, es fundamental preservar la respetabilidad de un mecanismo que es útil, conocido y sencillo de usar. Centros de pensamiento como Anif, consideran que la Ley 1527 del 2012 abrió demasiado las puertas, con las consecuencias a la vista. A su vez, el Gobierno piensa que la expedición de un decreto emitido el pasado 22 de agosto le pone el tatequieto a las prácticas indeseables. Mientras eso queda por verse, las autoridades deben apretar tuercas para evitar que nuevos episodios le hagan daño a una figura que merece ser defendida a toda costa.

Ricardo Ávila Pinto
Director Portafolio
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