En el orden del día que para hoy tiene el Consejo de Estado en su agenda, se encuentra la consideración del recurso de súplica que interpuso el Ministerio de Minas a una medida cautelar adoptada por dicha corporación.
En desarrollo del principio de precaución, el tribunal de lo contencioso administrativo optó por suspender la aplicación del decreto 90341 del 27 de marzo del 2014 que establece “requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”.
Sobre el papel, reafirmar ese congelamiento o echar para atrás la medida, no tendría efectos de manera inmediata. A fin de cuentas, Colombia todavía extrae hidrocarburos del subsuelo utilizando los métodos de siempre: pozos verticales que buscan depósitos con petróleo o gas a través de rocas porosas. En algunas ocasiones se han inyectado líquidos a presión con el fin de liberar depósitos en el subsuelo, nada más.
Bajo dicho escenario, las reservas actuales que entran dentro de la categoría de “modestas” empezarían a agotarse. En el caso del crudo, y al ritmo de producción actual, estamos hablando de 6,2 años, mientras que en lo que atañe al gas el horizonte es inferior a los diez años. No hay duda de que hay innovaciones que pueden prolongar un poco ese periodo, pero ante la falta de nuevos yacimientos, veremos un declive porque no se le puede sacar más jugo a la misma naranja.
Dicha perspectiva le cae bien a un sector importante de la opinión. El declive de las fuentes de energías fósiles implicaría que el país dejará de contribuir al calentamiento global, causado por las emisiones de dióxido de carbono.
En el mejor de los casos, haríamos sin traumatismos el tránsito a las fuentes alternativas, tanto para proveer la electricidad que alumbra hogares y mueve fábricas, como para alimentar los vehículos que transportan carga y pasajeros.
Sin embargo, una mirada más descarnada revela que el proceso será lento. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, dentro de década y media el carbón todavía será el principal combustible de las plantas de generación.
Es seguro que habrá más oferta por cuenta del viento o el sol, pero hasta tanto no se resuelva el acertijo del almacenamiento, el aporte de las fuentes alternativas seguirá siendo marginal.
Por lo tanto, hay que mirar el futuro con ojos abiertos. Si Colombia pasa de ser exportador a importador neto de combustibles, el golpe para la economía nacional sería descomunal, un impacto que se extendería al bolsillo de millones de hogares. Basta tener en cuenta que los despachos de petróleo y productos derivados representaron el 41 por ciento de nuestras ventas externas, al cierre del primer semestre del 2019.
En caso de que esa cuenta se descuelgue, nos expondríamos a un alza sustancial en la tasa de cambio. Más allá de lo que suceda con las cotizaciones internacionales, es probable que el precio interno de la gasolina suba, al igual que fletes y pasajes.
Más grave aún sería si nos vemos en la obligación de importar gas para abastecer a millones de hogares y vehículos. Así las plantas de regasificación funcionen, el valor del pie cúbico traído de afuera duplica el del explotado internamente.
Tales elementos deberían estar en la mente de los consejeros de Estado cuando redacten el fallo que determinará la posibilidad de hacer fracking en el territorio nacional.
Más allá de tomar partido por lo que es popular, es de esperar que los magistrados se inclinen por la línea de la prudencia y apoyen lo que señaló cinco meses atrás la comisión de expertos convocada para tal fin, en el sentido de adelantar proyectos piloto para evaluar si es conveniente avanzar o no. Solo con todos los elementos de juicio valdrá la pena adoptar una determinación definitiva. Pero ese no es el caso, todavía.
