Francisco Miranda Hamburger
Editorial

La pandemia y el hambre

Enfrentar el hambre que traerá el retroceso de una década en lucha contra la pobreza es un imperativo moral de todos como sociedad. 

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
julio 22 de 2020
2020-07-22 10:07 p.m.
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Cada día que pasa de esta crisis económica, desatada por la pandemia del coronavirus, queda más clara la magnitud y la gravedad de sus secuelas socioeconómicas.

Una de ellas es el aumento en los niveles de pobreza tanto en Colombia como en América Latina y el resto del mundo. De acuerdo a un reciente reporte conjunto de la Cepal y la FAO, el desplome de la economía regional producida por la covid-19, llevará el número total de pobres extremos a 83,4 millones en 2020.

Colombia no se salvará de esta alarmante tendencia. Un estudio de Fedesarrollo calcula que el país podría concluir este año con los mismos niveles de pobreza que tenia en 2010. Esto es, una década entera perdida en avances sociales.

Además, la investigación estima en 5,9 puntos porcentuales el incremento en los índices de pobreza extrema. Lo anterior implicaría un retroceso de 16 años para los colombianos en esta situación.

Son precisamente los pobres extremos los más vulnerables a no tener con qué comer. Durante la cuarentena nacional en abril, muchos hogares populares en ciudades colombianas colgaron trapos rojos como símbolo de esta condición de hambre.

De acuerdo con datos de la FAO, Colombia entró a la crisis de la pandemia con 2,7 millones de personas con su alimentación básica en riesgo, aproximadamente el 5,5 por ciento de la población nacional. De hecho, este organismo había alertado sobre los riesgos de los migrantes venezolanos en materia de seguridad alimentaria.

La disparada de la pobreza extrema aumentará como mínimo otros 2,2 millones de personas. Como lo afirma Julio Berdegué, representante de la FAO para América Latina, “podemos llegar a hablar de cinco millones de colombianos en condición de subalimentación”. En otras palabras, otra bomba social parecida a la que generarán las tasas de desempleo alrededor del 20 por ciento.

La respuesta del Gobierno Nacional no le ha dado la espalda a este dramático fenómeno. A los canales tradicionales de transferencias monetarias como Familias en Acción y Colombia Mayor, con 2,6 millones de hogares y 1,7 millones de beneficiarios, se sumó el nuevo programa de Ingreso Solidario para tres millones de familias sin alivios del Estado. Un ejercicio similar desplegó la alcaldía de Bogotá con Bogotá Solidaria.

Estas iniciativas conforman la primera línea de batalla del Gobierno Nacional contra el choque que está infligiendo la pandemia a millones de hogares pobres y vulnerables del país. Estas transferencias monetarias han demostrado ser amortiguadores importantes para el duro impacto de la falta de trabajo y del confinamiento e inciden en la reducción de la pobreza.

Que hoy el debate gire en torno a integrar y robustecer los programas focalizados o implementar una renta básica universal para nueve millones de colombianos es una confirmación de que la problemática de la pobreza encabeza las prioridades públicas.

Al lado de ella debe estar la preocupación por mitigar la condición de hambre y el riesgo de subalimentación de millones de compatriotas. Además de la necesidad de un buen diseño de política pública, enfrentar el hambre es un imperativo moral de todos como sociedad. Junto al Estado, organizaciones sociales, ONGs y organismos internacionales luchan a diario para que muchos colombianos no vayan a dormir sin haber ingerido la dieta mínima suficiente.

Si bien el presidente Iván Duque anunció en su discurso del pasado 20 de julio la extensión de Ingreso Solidario hasta junio del año entrante, no hay mejor instrumento antipobreza que la reactivación económica. Al no ser suficiente ese impulso para todos, el Estado deberá ponderar esfuerzos puntuales contra el hambre.

Francisco Miranda Hamburger
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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