Con el fin de junio Colombia atravesó el hasta ahora peor de los 16 meses de la pandemia. Más de 17 mil fallecimientos y los más de 185 mil casos activos son el reflejo del deterioro de los indicadores sanitarios del país en medio de este doloroso tercer pico de contagios. Al mismo tiempo, la languidez del paro nacional y las protestas abrió la puerta para implementar la reapertura de las actividades económicas.
A principios del mes pasado, el Ministerio de Salud expidió la resolución 777 precisamente para poder equilibrar esas dos tendencias: el alarmante aumento de muertes y contagios por covid-19 y la necesidad de dinamizar la economía tras el impacto billonario del paro. Las autoridades sanitarias nacionales establecieron criterios para una reapertura gradual basados en ocupaciones de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y otros indicadores de la pandemia.
La semana pasada, la cartera sanitaria insistió en la circular 037 a alcaldes y gobernadores para aplicar medidas que, sin frenar abruptamente la reanudación económica, mitiguen la intensidad de este tercer pico. Aquellas regiones con altas ocupaciones de UCI no podrán flexibilizar las restricciones vigentes ni avanzar más en la apertura. Lo cierto es que, tras el final de las manifestaciones y los cierres, la reapertura de las actividades productivas se ha desenvuelto en medio de un ambiente de mayor relajación de las medidas de autoprotección con un crecimiento en el ritmo diario de aplicaciones del plan nacional de vacunación.
Un regreso a las medidas restrictivas de las cuarentenas es hoy en día un imposible. Encerrar de nuevo a las ciudades es no solo inviable por el agotamiento de los ciudadanos, sino también contraproducente ante los desastrosos efectos sociales y económicos de los confinamientos. Hasta las ciudades que más apoyaron los cierres como fórmula para enfrentar la pandemia, como Bogotá, han aceptado la necesidad de reabrir las economías a pesar de los riesgos sanitarios.
Un recorrido por el territorio nacional muestra que los 15 departamentos en el país, con niveles de ocupación de UCIs mayor a 85 por ciento, han retomado algunas restricciones. Diez han adoptado el pico y cédula, nueve con toque de queda, y cuatro incluyeron la ley seca. Bogotá adoptó la intervención en 11 zonas con altos contagios y Villavicencio, los horarios por actividades. Si bien las medidas restrictivas están regresando a estas 15 regiones, su intensidad y su extensión son mucho menores que en meses anteriores.
Esta nueva “política del retorno” -que incluye el regreso a la presencialidad tanto en los colegios y escuelas, así como en oficinas y fábricas- entiende mejor las negativas consecuencias de “apagar” las actividades económicas y pone una responsabilidad mayor en los hombros de los ciudadanos. A diferencia de los picos anteriores, los mandatarios locales ya no están en carrera de convertirse en el que más restrinja. Sin perder obviamente la agenda de la lucha contra el coronavirus, los gobernantes regionales lucen hoy más comprometidos con recuperar la senda de la reactivación de sus economías.
Lo anterior no significa que las alcaldías y gobernaciones con estos indicadores en rojo no tengan que intentar ese delicado balance entre la reapertura de las actividades productivas y la mitigación del impacto del tercer pico. La contradictoria situación de un aumento simultáneo en vacunación, contagios y muertes y la reapertura demanda un liderazgo aún mayor en promover la inmunización, enviar las señales adecuadas a la economía y reducir el doloroso impacto sanitario.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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