Hace dos días el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado de prensa titulado “Una transición energética justa y sostenible”. La cartera de finanzas públicas desarrolla en menos de dos páginas cinco ejes fundamentales de este crucial proceso, al que califica de “gradual” y cuyos objetivos son “asegurar la soberanía energética del país, el acceso democrático a la energía y acciones claras para enfrentar el cambio climático”.
Dentro de esos cinco pilares se encuentran tanto el aumento de inversiones en energías limpias y descarbonización como la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. De hecho, en otro aparte del documento firmado en conjunto con los ministerios de Minas y Energía y de Comercio, Industria y Turismo, se identifican “instrumentos” como la diversificación de la canasta exportadora y la continuación de la “exploración y explotación de combustibles líquidos y gas”.
El comunicado llega en un momento en el cual no se detienen los impactos que la incertidumbre sobre el futuro y las reglas del juego del sector minero-energético están generando sobre los proyectos y las inversiones. Al choque sobre la industria de hidrocarburos -que sufre el crecimiento de la conflictividad social, como en el caso de Emerald en Caquetá, y la excesiva carga tributaria- se suman las intenciones del presidente, Gustavo Petro, de asumir “personal y directamente” funciones de regulación sobre los servicios públicos, en especial la energía.
Por otro lado, los anuncios presidenciales sobre reformas a los marcos legales de la energía eléctrica -incluida la ley 142- se sintoniza con llamados de alerta de expertos, empresas, gremios y otros actores del sector sobre potenciales riesgos de suministro energético en los próximos años. Durante el evento de Colombia Genera de la Andi, varios gremios lanzaron nuevamente la alarma sobre los serios retrasos en la entrada en operación de proyectos de generación eléctrica. Por ejemplo, en 2022 se esperaban unos 3.600 megavatios y solo ingresaron 995. Estas son problemáticas que el sector energético está experimentando hoy y que generan riesgos graves en el futuro próximo que el Gobierno Nacional debe enfrentar en simultánea con la hoja de ruta que trae el comunicado tripartito de los ministerios. Toda la cadena de la energía eléctrica requiere de señales más claras y estables en materia de reglas del juego para que las inversiones y decisiones empresariales avancen. Es perentorio que el primer mandatario abandone su idea de convertirse en “regulador en jefe” y conforme en integridad la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y que la entidad retome su rol en la institucionalidad del sector.
Por el lado de los hidrocarburos, no puede dejarse pasar el cambio de tono frente a la explotación y exploración de petróleo y gas que se deriva de esta postura oficial. No obstante, ante las continuas manifestaciones por parte de la ministra de Minas, Irene Vélez, y del propio Presidente sobre el freno a la nueva exploración de crudo, es necesario que el Gobierno Nacional clarifique si este comunicado abre la puerta a la firma de nuevos contratos. La ambigüedad en este punto debe zanjarse a la mayor brevedad.
No deja de llamar la atención que, aunque la cartera del sector minero-energético acompañe el documento, la vocería principal sea la del ministerio de Hacienda. Sin desconocer la credibilidad del ministro Ocampo en los mercados y frente al aspecto fiscal de la transición, el ministerio de Minas y Energía debe liderar esta transición gradual, ordenada y justa tanto con los ciudadanos como con el desarrollo del país.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda
