Concluye hoy en Cartagena el séptimo Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Andi. El encuentro de la Asociación Nacional de Empresarios convocó a más de dos mil asistentes en medio de una inédita coyuntura: el arranque del primer gobierno nacional de izquierda elegido popularmente y la presentación de una de las reformas tributarias más ambiciosas en años recientes.
Las dos primeras jornadas de la cumbre del sector privado ratificaron abiertamente la disposición del gremio para encontrar espacios de diálogo con la administración de Gustavo Petro alrededor de sus distintas iniciativas. Este es un mensaje positivo que se conecta con las invitaciones por parte del nuevo Ejecutivo a debatir los contenidos del abanico amplio de reformas. Carlos Ignacio Gallego, presidente de la junta directiva de la Andi, reiteró que “acompañaremos las iniciativas que Colombia requiere y, ante situaciones que lo ameriten, elevaremos nuestra crítica constructiva”.
Un segundo aspecto que dejan las discusiones de este congreso se relaciona con el rol que los empresarios de todos los tamaños del país deben jugar en momentos de altas expectativas sociales y anhelos de reforma en buena parte de la sociedad. En palabras de Bruce MacMaster, presidente de la Andi, “atender el conjunto de necesidades sociales que tiene el país es una prioridad, pero para lograrlo, y tener los recursos necesarios, es a su vez fundamental impulsar el desarrollo empresarial y fortalecerlo”. Esto es, sin el avance y robustecimiento de las empresas y los negocios, no es posible construir un mejoramiento social y económico.
Esta doble sincronización -o “autopista de dos carriles”, como le llama la Andi- conecta los pasos a dar para la superación de la pobreza y el avance en las condiciones socioeconómicas de los colombianos más desfavorecidos con la necesidad de un sector empresarial, dinámico y con libertades. Esta es una narrativa que no solo responde a la realidad sino también necesita entenderse y ser apropiada por muchos más colombianos.
Los debates alrededor de una reforma tributaria, con más cargas a las empresas y con impuestos orientados a industrias y actividades específicas, tienen el alto riesgo de perpetuar mensajes dañinos acerca del compromiso del sector privado con la equidad. Por esa razón, no sobra recordar que, en el pasado ajuste fiscal para costear la cuenta social de la lucha contra el coronavirus, los empresarios colombianos asumieron un peso que se tradujo en alrededor de 11 billones de pesos.
Ahora que la administración Petro radica una nueva iniciativa fiscal que, si bien avanza en la renta de personas naturales, aumenta la sobrecarga impositiva sobe los hombros de las empresas. Se ha calculado entre 12 y 17 billones de pesos el aporte que el próximo año tendrían que asumir otra vez las empresas privadas del país. En el congreso de la Andi en Cartagena no fueron pocos los llamados a ponderar los efectos de esas nuevas medidas y tributos sobre la senda de reactivación, el crecimiento económico y la generación de empleos formales.
En conclusión, los empresarios se sintonizan, y reconocen su papel, en la ruta que Colombia debe inevitablemente tomar hacia la superación de las condiciones de pobreza de un alto porcentaje de su población. Un primer paso está en las discusiones alrededor de la reforma tributaria en trámite y en la necesidad del Gobierno de calibrar sus exigencias fiscales a las empresas.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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