Mientras Colombia transita por su segunda semana consecutiva de paro y protestas, el Dane completa la dolorosa fotografía del impacto de la crisis del coronavirus sobre los ingresos de los hogares del país.
La semana pasada, la organización estadística nacional publicó el reporte de la pobreza monetaria para el 2020. En tan solo un año el porcentaje de pobres saltó 6,8 puntos porcentuales al pasar de 35,7 a 42,5 por ciento de la población. Ayer la entidad complementó esos resultados con el choque de la pandemia a la composición de las clases sociales en Colombia.
Las definiciones y fronteras de las clases medias y altas así como de la condición de pobreza y vulnerabilidad son inevitablemente motivo de discusión, incredulidad y crítica. Si bien los cálculos del Dane responden a metodologías actualizadas, muchos colombianos tradicionalmente se autoidentifican con un concepto de clase media más social que producto de la medición económica y estadística.
Sin importar donde se tracen los límites entre las clases sociales, alrededor de 2,5 millones de colombianos fueron expulsados de la clase media por la pandemia. Mientras en 2019 el 30,1 por ciento de la población contaba con ingresos dentro de la definición estadística de la clase media, el año pasado este bloque cayó a 25,4 por ciento a nivel nacional. Casi tres de cada cuatro compatriotas devenga ingresos correspondientes a la pobreza o a la clase vulnerable.
Es precisamente a este 98 por ciento de los colombianos a los que se refiere el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, cuando le dijo a este diario que no habrá más impuestos para las “clases media y baja”. Por esa razón es perentorio que el Congreso y el Gobierno Nacional avancen en el consenso de un nuevo proyecto de reforma tributaria que concentre la carga, así sea de forma temporal y extraordinaria, en las empresas y en las personas de más altos ingresos.
El covid-19 redujo los ingresos de todos los quintiles de la población. A pesar del golpe generalizado, mientras los ingresos del quinto más pobre del país cayeron un 24,6 por ciento, los del quinto más rico disminuyeron en un 10,1 por ciento. De hecho, el quintil con menos ingresos que habita en las grandes ciudades vio desplomar su ingreso per cápita en un 45 por ciento.
Lo anterior no hace más que ratificar que los habitantes urbanos pobres son de los más afectados por la crisis económica desatada por el coronavirus. Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y en un menor grado Medellín, dejaron de ser los imanes de oportunidades, dinamismo económico y puestos de trabajo para convertirse en áreas de restricciones, cierres, confinamientos y desesperanza. En otras palabras, zonas de empobrecimiento.
Es inevitable conectar esta preocupante instantánea con la rabia y el descontento en las calles en estos días, en especial de los jóvenes. Por ese motivo, todas las avenidas de diálogo que el Gobierno despliegue- y a las que deben atender los sectores de la oposición- deben incorporar una estrategia de lucha contra estos alarmantes niveles de pobreza en el país. En especial, una de reactivación de las economías urbanas, de la mano de los alcaldes.
La lucha contra la pobreza debe convertirse en la principal tarea social y económica en la agenda nacional. Sin ignorar la amplia y justificada gama de demandas y reclamos que los manifestantes exigen, evitar que más colombianos se hundan en la indigencia y crear las condiciones para mejorar los ingresos de millones de hogares es un asunto de la máxima prioridad.
Francisco Miranda Hamburger
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