La voz de un pueblo

Tras un largo camino jurídico, Cajamarca pudo realizar una sonada consulta popular el pasado domingo. Más de 6.000 lugareños, rechazaron cualquier tipo de minería en su territorio frente a solo 76 que la apoyaron. Si bien no es la primera vez que un pueblo toma una decisión similar, recientes cambios jurisprudenciales de la Corte Constitucional convierten lo sucedido en el municipio tolimense en un hito que podría significar el declive de la actividad a gran escala en el país.

Aunque su nombre no apareció en los tarjetones, la consulta popular tenía un destinatario: AngloGold Ashanti. La multinacional surafricana -tercera productora mundial de oro, con operaciones en 13 países- desarrolla desde hace 10 años el proyecto La Colosa, con un potencial estimado en más de 25 millones de onzas. Tras el contundente rechazo en las urnas, la inversión queda en un limbo jurídico de final incierto.

No es ligero lo ocurrido. Hasta hace poco, nadie ponía en duda que el Estado era el dueño del subsuelo y podía otorgar concesiones de exploración que, si cumplían con las normas y regulaciones, se transformarían en minas y pozos petroleros en operación. No obstante, varios fallos de la Corte han cambiado esa interpretación, otorgándole a los entes territoriales capacidad de prohibir actividades extractivas en sus jurisdicciones.
La postura del Ministerio de Minas es que el resultado de la consulta es vinculante para las autoridades locales de Cajamarca y excluirá proyectos mineros a partir de ahora.

Es decir, no aplica con retroactividad a La Colosa, que obtuvo su permiso varios años antes. Las organizaciones ambientalistas dicen que la votación implica la salida de AngloGold Ashanti del municipio. Desplegando su efectivo cabildeo en redes sociales y medios de comunicación, ya hablan de un ‘conejo’ a los resultados de la consulta.

Es evidente que la polarización sigue. El lío es que perjudica a la minería formal, que necesita el apoyo de la gente en su área de influencia para operar.

Tras la aprobación de licencias para cuatro explotaciones en Antioquia el año pasado, el futuro del oro lucía promisorio. Sin embargo, la inseguridad jurídica cambia todo. Será difícil para cualquier inversionista, extranjero o colombiano, destinar los recursos que demanda un proyecto de estos si una consulta popular lo puede paralizar. Debido a ello, la Asociación Colombiana de Minería afirma que esto será “una bola de nieve que va a afectar no solo proyectos mineros, sino también de vías, petroleros, rellenos sanitarios e incluso energéticos”.

Lo más lamentable en estos casos, es la persistencia de un doble estándar. Mientras a las empresas formales, muchas de ellas inscritas en bolsa y con códigos corporativos serios se les cierra la puerta, los mineros ilegales y criminales -que no pagan impuestos, ni crean empleo digno- campean por el territorio nacional. Los mayores depredadores del medioambiente son los ‘entables’ que tumban monte o dejan heridas imborrables en los márgenes de los ríos. Frente a ese flagelo, las marchas, el cabildeo ante las altas cortes y el activismo en internet brillan por su ausencia. Una multinacional es un objetivo más visible y provechoso.

El rediseño de las relaciones entre Estado, empresas y entes territoriales que sale de los fallos de la Corte Constitucional, se refleja en inseguridad para las inversiones, parálisis de sectores enteros de la economía y un poder de veto a nivel local para decidir sobre el subsuelo, propiedad de todos.

No se trata de que todo proyecto minero deba desarrollarse, pues algunos, por su impacto, no cumplen con estándares de las autoridades ambientales. Tampoco de desterrar del país, porque sí, a un sector que genera empleo, paga regalías y crea desarrollo. En el mundo real, no el de las ideologías, pocos temas son de Sí y No. De hecho, la gran mayoría responde a un ‘depende’, que este instrumento de la consulta no contempla.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
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