La jornada de paro de ayer en Colombia reflejó el rechazo de algunos sectores de la sociedad frente al proyecto de reforma tributaria que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República.
Junto a las manifestaciones pacíficas- que de todas maneras generaron peligrosas aglomeraciones en el momento álgido del tercer pico- se presentaron, como ya es costumbre, ataques vandálicos a sistemas de transporte público, locales comerciales, monumentos, establecimientos bancarios y públicos y CAIs de la Policía.
Más allá de estas expresiones violentas, que siempre encuentran justificaciones y razones desde la polarización ideológica, el componente pacífico de las marchas recoge el ambiente negativo que sufre hoy la iniciativa legislativa.
Ni siquiera con medidas que se traducirían en transferencias monetarias a los más pobres de manera permanente y matrícula universitaria gratis para muchos jóvenes de estratos populares, la reforma tributaria pudo persuadir a un buen número de colombianos.
Es evidente que es muy bajo el respaldo político y parlamentario para el proyecto original de 23,4 billones de pesos que presentó el Ejecutivo al Legislativo. Como quedó claro el fin de semana, el propio presidente Iván Duque está abierto a la construcción de un consenso en el escenario del Congreso.
De hecho, antes de que el primer manifestante pisara la calle hoy para protestar contra el texto radicado, ya el Gobierno Nacional, en cabeza de su equipo económico, venía anunciando las primeras concesiones a la reforma.
Por ejemplo, ya se anunció oficialmente que el IVA a los servicios públicos de estratos altos así como el de la gasolina podrían salir del articulado. Y lo más importante, los voceros gubernamentales ya hablan de un proyecto que pase de recaudar 23 billones de pesos a entre 18 y 20 billones de pesos. Los pasos hacia la “mejor reforma posible” arrancan con estas reducciones de monto y alcances.
Otro paso hacia el consenso lo dio el ex presidente Álvaro Uribe, líder del partido de gobierno Centro Democrático, que hizo un llamado -una “súplica angustiosa” en sus propios términos- a construir un “texto simple, corto y no agresivo” para la aprobación en el Congreso.
La ventana para avanzar en la construcción de ese acuerdo se sigue abriendo y debería ser aprovechada por las distintas fuerzas políticas de la coalición de gobierno. Terminada la jornada de paro y probado el rechazo de algunos sectores sociales, es el momento de inyectarle a este debate nacional las necesarias dosis de realismo fiscal, de urgencia social y de responsabilidad política.
Lo más oportunista para algunos sería darle un portazo al espacio de construcción de una reforma tributaria con cambios en el status quo fiscal hoy, para luego proponer sus propias opciones en el fragor de la campaña presidencial del año entrante.
Estas primeras concesiones del Gobierno apuntan a un proyecto de reforma tributaria menos ambicioso y más enfocado en unas medidas específicas. A los argumentos técnicos la Casa de Nariño debe sumarle una estrategia proactiva de negociación política que incorpore tanto los llamados del partido de gobierno, como algunas propuestas de los demás miembros de la coalición.
Apelar a la razón y exponer las negativas consecuencias para la economía y para los más pobres de no aprobar este ajuste fiscal ya está hoy por hoy agotado. Resta escoger los elementos imprescindibles para el segundo texto y darle paso al momento de la política.
