Lo que no tiene precio

Desde hace más de una década los académicos vienen estudiando el inmenso costo que para Colombia representa el conflicto interno. Las investigaciones sostienen que por cuenta del clima de violencia, que ha sido la constante a lo largo de más de medio siglo, el país ha crecido a una tasa por debajo de su potencial, algo que se traduce en niveles de ingreso más bajos, tasas más elevadas de informalidad y mayor desigualdad.

El impacto es particularmente notorio en las zonas rurales. No solo los índices de pobreza en el campo superan con creces a los de la ciudad, sino que existe una especie de círculo vicioso caracterizado por la ausencia de oportunidades de trabajo, escasa capacitación de la fuerza laboral e inversiones que no llegan.

Debido a ello, los análisis que contemplan la posibilidad de que la seguridad mejore de forma sustancial hablan del conocido dividendo que dejaría un clima de paz. El cálculo más moderado habla de una aceleración de 0,3 puntos porcentuales al año en la tasa de crecimiento, mientras que Planeación Nacional sostiene que el incremento podría ascender a 1,9 puntos, tomando como base lo observados en experiencias comparables a la nuestra.

Sin embargo, semejantes cálculos pasan a un segundo orden cuando se miran las estadísticas que resumen el sufrimiento de la población. Por más esfuerzos de cuantificación que se hagan, es imposible adjudicarle un valor a las vidas perdidas, el dolor experimentado por la ausencia de un ser querido o las secuelas que deja el desarraigo.

No está de más recordar que en estas materias nos comparamos con algunos de los casos más impactantes de estos tiempos. Nos horroriza la tragedia de Siria, la migración forzada que se ve en Sudán, el desgobierno de Somalia, el extremismo que divide a Afganistán o los excesos del Ejército Islámico, pero nos queda difícil reconocer, a veces, que nuestra proporción de asesinatos es todavía una de las 15 más altas del mundo, mientras que en cantidad de desplazados ocupamos el segundo lugar en el planeta.

Cualquier iniciativa orientada a cambiar esa realidad merece ser impulsada. Es en ese contexto que vale la pena examinar el plebiscito del próximo domingo, en el cual los colombianos tendrán la oportunidad de aceptar o rechazar el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las Farc, tras casi cuatro años de conversaciones en La Habana.

Como bien lo expresó, en su momento, Humberto de la Calle, el texto definitivo puede no ser el ideal, pero es el mejor posible. No hay duda de que a un importante sector de la opinión le cae muy mal la idea de la aplicación de los mecanismos propios de la justicia transicional, o la participación en política de una agrupación culpable de algunos de los peores crímenes en nuestra convulsionada historia, pero la opción de reabrir los textos concertados y volver a barajar no tiene fundamento alguno.

Debido a ello, las energías de unos y otros deberían concentrarse en asegurar que lo pactado se cumpla, con el fin de que la democracia colombiana se fortalezca, las demás expresiones de violencia se reduzcan y el espíritu de la reconciliación se imponga. No falta, claro, quien pretende defender el statu quo, pero en más de una ocasión es posible encontrar entre sus promotores a aquellos que han aprendido a pescar en río revuelto y vuelan bajo el radar de los controles estatales, o saben cosechar miedos irracionales.

Pero, para no extenderse en los debates conocidos, vale la pena concentrarse en lo más básico, que es el derecho a la vida. En Colombia hemos contado demasiados muertos como para tolerar los centenares o miles adicionales que se derivarían de una prolongación de las hostilidades con las Farc. Quienes hacen sumas y restas deberían incluir en sus cuentas lo mucho que ganaría esta sociedad si preserva aquello que, realmente, no tiene precio.

Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto