El pasado sábado la economía colombiana entró al cuarto trimestre de 2022 con la entrada en vigencia del alza de 200 pesos al precio del galón de gasolina corriente. Este aumento, inevitable ante el gigantesco déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), se repetirá con igual magnitud en los meses de noviembre y diciembre.
A pesar de las poderosas razones de sostenibilidad de las finanzas públicas detrás de esta decisión gubernamental, que por ahora no cobijará al diésel, son asimismo inevitables las preocupaciones sobre los efectos de estas alzas sobre los elevados índices de precios que hoy golpean a los hogares colombianos. De acuerdo a Corficolombiana, un aumento del 10 por ciento en el precio de la gasolina se traduciría, entre impactos directos e indirectos, en 61 puntos básicos adicionales en la inflación.
Esta alerta por las consecuencias de la subida en la gasolina no es gratuita. La economía nacional llega al último tramo del año con una variación anual en el IPC de 10,86 por ciento -la más alta en lo corrido del siglo- y con inflaciones en alimentos de 25,57 por ciento y en energéticos de 25,9 por ciento, que superan las registradas por países de la región. Ha sido precisamente este comportamiento en los precios la motivación principal del Banco de la República en subir la tasa de interés al 10 por ciento.
Mientras el Gobierno no ha definido de manera específica una estrategia para enfrentar la galopante inflación y su destrucción de la capacidad adquisitiva de los hogares, los empresarios ya están empezando a sentir los efectos del alto costo del dinero. Ligada al IPC está la discusión sobre el aumento del salario mínimo para el año entrante, que ya despierta incertidumbre en el sector privado y que será un factor protagonista de la agenda económica de este último trimestre del año.
El escenario de históricos índices de inflación para este fin de 2022 se conjuga desde ya con la permanente necesidad de la economía de crear un mayor volumen de puestos de trabajo, preferiblemente formales. No obstante, la protección del poder adquisitivo de los colombianos cuyos salarios están vinculados a la mínima remuneración legal, vía un generoso aumento, tendría consecuencias en las decisiones de contratación de las empresas de todos los tamaños.
A los debates sobre los impactos de las alzas en la gasolina y sobre el aumento del salario mínimo se sumarán, en este último tramo del año, las definiciones del proyecto de reforma tributaria -cuya ponencia legislativa podría conocerse hoy - y las señales de la pérdida de ritmo en la recuperación económica pos-pandemia. Si bien el crecimiento sigue impulsado por el positivo comportamiento en el primer semestre, las perspectivas para la segunda mitad del 2022 muestran un freno sustancial.
A pesar de lo anterior, los distintos pronósticos están incluso actualizándose recientemente al alza -por ejemplo, el BanRepública subió al 7,8 por ciento. Pero, esas mismas estimaciones prevén un preocupante 2023 con bajo crecimiento del PIB- el Emisor lo estima en 0,7 por ciento.
No sobra añadir el deterioro de las percepciones de los empresarios sobre el futuro cercano de la economía. La más reciente encuesta de Fedesarrollo encontró en agosto caídas en los índices de confianza de comerciantes e industriales. Los nubarrones -locales y de origen global- sobre la actividad económica no se vislumbran más en el horizonte, sino que ya están frenando el dinamismo que ha caracterizado la reactivación.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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