La semana pasada quedo en evidencia otra vez la urgencia de que el país avance hacia un sistema tributario simple, equitativo, eficiente y que promueva la inversión y la competitividad. El Ministerio de Hacienda y la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) protagonizaron un debate público sobre la Tasa Efectiva de Tributación (TET) que hoy asumen las empresas en Colombia.
Desde la presentación del proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro, Bruce MacMaster, presidente del gremio de industriales, ha venido alertando sobre los niveles prohibitivos de impuestos que soportaría el sector privado, de aprobarse estos cambios fiscales. De acuerdo a los cálculos de la Andi en 2023, la TET de las industrias manufactureras pasaría de 56,7 a 62 por ciento, de los servicios de 60,6 a 63,1 por ciento y de la minería e hidrocarburos de 53 a 87,1 por ciento. En conclusión, Colombia terminaría con una de las cargas impositivas más altas de todos los países de la Ocde.
El mensaje del representante de los empresarios ha calado tanto en la discusión pública de la iniciativa tributaria que el ministerio de Hacienda tuvo que responder. Según las estimaciones de la cartera de las finanzas públicas, las empresas en el país tienen una TET de 25 por ciento, que con la reforma se elevaría a un 29,4 por ciento. Mientras el ministro José Antonio Ocampo califica de “equivocados” los números de la Andi, el gremio se ratificó en la “idoneidad de sus cifras”.
Este pulso refleja varios aspectos problemáticos acerca de los impuestos a las empresas en Colombia. El primero es que no se tenga una claridad diáfana sobre la magnitud de la carga impositiva total que hoy se posa sobre el sector privado. Más allá de diferencias de metodología que mezclan “peras con manzanas” y explican buena parte de la brecha, la dispersión de tasas entre sectores y tamaños complica llegar a un nivel aceptado tanto por las autoridades tributarias como por estos grandes contribuyentes.
En segundo lugar, sin importar los cálculos de uno o del otro, lo cierto es que las empresas en el país soportan tasas efectivas mucho más altas de lo recomendable. La Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios lo expresó directamente en su informe: “los negocios se enfrentan a la tarifa conjunta más alta de impuestos a las sociedades entre los países de la Ocde, así como también a un número de impuestos corporativos altamente distorsionantes como el Gravamen a los Movimientos Financieros y el Impuesto de Industria y Comercio”.
Tercero, esta situación de elevados tributos y cargas sobre las actividades económicas cuenta con una amplia gama de efectos negativos sobre la competitividad nacional, la equidad entre los distintos sectores, la atracción de la inversión, la generación de empleo, la formalidad empresarial, la evasión fiscal, entre otros. Por más atractivo que suene para la galería imponer mayores tasas a las empresas, el Gobierno Nacional tiene una responsabilidad con la salud de la economía y el impulso al crecimiento. Lo anterior sin incluir el hecho, hoy convenientemente olvidado, que las compañías de todos los tamaños del país asumieron solidariamente la pasada reforma tributaria que financió el gasto público para enfrentar la pandemia y empujar la reactivación.
Bienvenido el llamado no solo a conocer con detalle los análisis de Hacienda sino también a construir sin mayor demora y en conjunto información confiable e integral de cuánto realmente pagan en impuestos los negocios y compañías de los más variados sectores y tamaños. El actual pulso entre el Ministerio de Hacienda y la Andi no debe desviar la atención del verdadero problema: que la suma total de impuestos que pagan las empresas en Colombia es hoy ya muy alta.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGUER
framir@portafolio.co
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