La semana pasada el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) publicaron sendos reportes sobre los múltiples impactos sociales y económicos de la pandemia sobre los países de América Latina. Si bien desde el año pasado hay estimaciones del inmenso retroceso en los avances sociales que está dejando el coronavirus, estos documentos ratifican tanto la complejidad como la profundidad del choque regional.
De acuerdo a los cálculos del Banco Mundial en 2020 la clase media se redujo al 37 por ciento de la población de América Latina y el Caribe, los vulnerables aumentaron hasta el 38,5 por ciento y la pobreza registró un 21,8 por ciento. Alrededor de 4,7 millones de latinoamericanos salieron de la clase media- ingresos entre 13 y 70 dólares diarios por paridad de poder de compra- para pasar a la vulnerabilidad o a la pobreza.
De hecho, si se retiran el gran impacto positivo de Brasil, el número total se eleva a unos 12 millones de habitantes y a unos 13,7 millones los que entraron a la condición de pobreza. En otras palabras, el progreso de más de una década se evaporó en un año.
Este informe detalla las características de estos ‘nuevos pobres’ en Colombia y en la región. La población impactada por la pandemia y que salió de la clase media es diferente de la que ya venía en la condición de pobreza antes de la irrupción del coronavirus. Por ejemplo, el 71,4 por ciento es asalariado y no informal, el 69,4 por ciento trabaja en el sector de servicios, tienen en promedio mejores niveles educativos y mejores accesos a servicios como la telefonía móvil.
Tanto en Colombia como en el resto de la región el papel de las transferencias monetarias en la mitigación de la pobreza fue crucial. Los países con un gasto fiscal mayor en estos subsidios sociales previnieron que millones de sus ciudadanos cayeran en esta condición, pero estos instrumentos tienen sus limitaciones ante un desplome regional de un 6,5 por ciento del PIB.
El reporte de Desarrollo Humano del Pnud para América Latina y el Caribe aborda estos graves impactos desde un enfoque de la “trampa regional de la alta desigualdad y el bajo crecimiento y baja productividad”. La excesiva concentración del poder, la violencia en sus facetas social, política y criminal y el diseño de los sistemas de protección social y mercados laborales confluyen en la generación de un círculo vicioso que mantiene atrapados a los países de la región.
De hecho, el reporte identifica asimismo la gravedad de las percepciones de justicia e injusticia, desigualdad y desesperanza. Por ejemplo, en Colombia el informe del Pnud registra que el 81 por ciento cree que “su país está gobernado en beneficio de unos pocos”. A lo anterior se suman las múltiples desigualdades- digitales, educativas, laborales, sanitarias, de género- que la pandemia de la covid-19 develó y exacerbó. Por último, los sistemas de protección social de la región no cubren a toda la población, no cobijan a todos los hogares de los riesgos y no redistribuyen eficientemente a los más pobres.
Ambas radiografías- la del Pnud y la del Banco Mundial- no solo resaltan la profundidad del impacto social de la pandemia sino también ratifican que no hay una fórmula única para regresar a los niveles pre-pandemia. La política social en Colombia no debe limitarse al mantenimiento de las actuales ayudas a los más pobres, sino que requiere un debate más amplio de las estrategias, los instrumentos y los recursos para atender los pobres tradicionales, los ‘nuevos pobres’, las inequidades en mujeres y jóvenes, los vulnerables de la informalidad y los ‘exclase media’.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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