De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno Nacional hace unos días, hoy será presentado ante el Congreso de la República el proyecto de la reforma laboral. Luego de la tributaria- aprobada el año pasado y en vigencia- y la de salud- radicada, pero en discusiones por los partidos políticos- esta es la segunda iniciativa dentro de la agenda de reformas de la administración Petro. La próxima semana, el 22 de marzo, será el turno del texto definitivo de la reforma pensional.
De esta manera, el eje del “cambio” prometido por el presidente de la República, Gustavo Petro, pasa del Ejecutivo al Legislativo y entra a la cancha del juego político. Si bien la Casa de Nariño ha construido una poderosa aplanadora mayoritaria en el Congreso, cada una de las tres reformas que inician su trámite parlamentario -salud, laboral y pensional- cuentan con aspectos que han despertado críticas y alertas por parte de bloques de la coalición de gobierno.
No es exagerado afirmar que los ojos del país estarán puestos en los próximos meses en el Capitolio ya que esta tríada de reformas propone drásticos cambios que impactarán la vida cotidiana de todos los colombianos. La posibilidad de que el Congreso de la República ejerza su papel constitucional de contrapeso a las intenciones del poder Ejecutivo no está asegurada y depende de muchos factores. El primero es sin duda que, hoy en día, el Gobierno Nacional cuenta con las mayorás parlamentarias.
El caso de la reforma a la salud es ilustrativo. Radicada hace un mes y convertida por el propio presidente Petro en su caballo de batalla del ‘cambio’, este proyecto sanitario no consiguió la tracción suficiente para avanzar solo. Al contrario, no sólo el primer mandatario fracasó en su llamado de movilización popular alrededor de la iniciativa -incluso los opositores lograron sacar más personas a las calles- sino también enfrentó el rechazo tanto de los partidos como de los ciudadanos, en especial en torno a la eliminación de las EPS.
El resultado fue la presentación de un texto alternativo por parte de partidos políticos miembros de la coalición mayoritaria y, bajo reuniones de dirigentes en Palacio y sin la ministra de Salud, Carolina Corcho, la Casa de Nariño buscó llegar a acuerdos que salvaran el trámite. Esta negociación resalta el hecho de que, por más que se realce la capacidad de contrapeso del Legislativo, las reglas del juego político incluyen transacciones y pactos, por encima de discusiones técnicas o de la presión de una oposición muy minoritaria. Será muy difícil para la ministra Corcho no recibir como una sonora derrota que el texto final mantenga vivas las EPS.
Las iniciativas laboral y pensional, bajo el ministerio de Trabajo, han transitado un camino distinto a la de la salud, con más espacios de contacto con gremios y una retórica menos radical. No obstante, en manos de los congresistas reposa la crucial decisión de aprobar medidas que eleven los costos laborales, así como introducir, de ser necesario, estrategias que apunten a crear más puestos de trabajo, incentivar la formalidad y responder a retos como las plataformas digitales. Con respecto a la pensional, los legisladores recibirán un texto gubernamental que enviaría el 90 por ciento de los 18,3 millones de afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.
A pesar de la ineludible realidad transaccional del Congreso, los legisladores, en especial los de los partidos gobiernistas distintos al Pacto Histórico, tienen la oportunidad única tanto de debatir el futuro económico del país como también de avanzar en un cambio técnico y ordenado.
FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
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