“Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción”, prometió el presidente Iván Duque en una de sus primeras declaraciones después del devastador paso del huracán Iota por las islas de San Andrés y Providencia.
Si bien con una tasa de fallecidos que pudo ser mucho mayor, el estado de calamidad que hoy sufre el único departamento insular del país requiere tanto la atención de desastres que ya está desplegada como el desarrollo de un ambicioso plan de reconstrucción.
Sin desconocer el terrible drama de las casi 60 mil familias damnificadas por la actual ola invernal en el territorio continental, la emergencia en el archipiélago es histórica, sin precedentes y de una inmensa severidad.
No se equivoca el primer mandatario al comparar, guardadas las proporciones y diferencias geográficas, el impacto del Iota con otras tragedias como la de Nueva Orleans con el Katrina en 2005.
El nivel destrucción que trajo este huracán- de más del 80 por ciento en Providencia y de un menor grado en San Andrés- golpeó con dureza no solo las casas e infraestructura de las islas sino también diezmó las bases de su economía.
La vulnerabilidad del archipiélago es mayor por su alta dependencia de las actividades de turismo, alojamiento, comercio y servicios de comida: un 57 por ciento de su PIB. A pesar de que el año pasado las islas recibieron casi un millón de turistas y su economía creció un 3,6 por ciento- ligeramente por encima del 3,3 por ciento nacional- la pandemia del coronavirus paralizó toda la cadena de viajes y turismo.
A raíz de la reciente apertura de los vuelos comerciales, los visitantes estaban regresando a San Andrés y el porcentaje de la ocupación hotelera estaba aumentando. Iota frenó en seco esos retoños de reactivación.
Otras vulnerabilidades del archipiélago anteceden el paso del huracán. Por ejemplo, problemas de seguridad asociadas al narcotráfico, alta densidad demográfica, deficiencias en los servicios públicos básicos, corrupción administrativa e incluso la tensión cultural entre raizales y continentales.
Los 100 días de los que habla el presidente Duque cubren obviamente las respuestas básicas a una emergencia de esta magnitud. Este primer periodo debe concentrarse en la evaluación de daños, remoción de escombros, restablecimiento de servicios básicos y comunicaciones, atención humanitaria a los damnificados y el arranque de la reconstrucción de viviendas y otras infraestructuras.
Parte del esfuerzo en esta etapa debe orientarse urgentemente en la rehabilitación de la cadena de servicios hoteleros y de turismo. Al menos la isla de San Andrés debe recuperar lo más pronto posible la capacidad de recibir viajeros.
La solidaridad actual frente a la atención del desastre debe transformarse rápidamente en otro apoyo distinto: levantar el turismo, la principal fuente de ingresos del departamento. Es lo que piden los hoteleros y es lo que necesitan los isleños a la par de reconstruir sus casas y sus barrios.
Es obvio que el Gobierno Nacional debe garantizar, con una acción eficaz en materia de servicios públicos, y el aeropuerto, que esos visitantes tengan los mínimos servicios. El mensaje más contundente que la sociedad colombiana continental puede enviar a las islas es visitarlas a pesar de estar en proceso de rehabilitación.
Reconstruir San Andrés y Providencia, más allá de los primeros 100 días, constituye un inmenso reto económico, institucional y cultural que el gobierno Duque debe abrazar, así sean solo el 0,15 por ciento de la economía nacional.
Las islas deben levantar sus casas acorde a su cultura y se abre una ventana de oportunidad para fortalecer tanto las instituciones públicas del archipiélago como el turismo como principal actividad.
