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Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Los recibos deben bajar

Una tarifa ‘justa’ se compone asimismo tanto de la preocupación social como de los tozudos factores económicos.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
septiembre 08 de 2022
2022-09-08 10:29 p. m.
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Aunque por meses la disparada de la inflación en Colombia ha estado jalonada por los alimentos, recientemente los altos precios de los servicios públicos, en especial la energía eléctrica, están impactando con severidad el bolsillo de millones de hogares colombianos. Precisamente en estos días en los que las empresas de servicios y el gremio que las cobija, Andesco, se reúnen en su congreso anual en Cartagena, el tema ha ganado mayor relevancia.

El último reporte del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto pasado refleja la seriedad de la situación. La inflación anual de los servicios de electricidad alcanzó el 25,9 por ciento mientras que la de la división de gasto de alimentos registró 25,57 por ciento. El IPC de energéticos -que incluye energía, gas y combustibles- marcó una variación anual de 17,34 por ciento.

Más aún, en las siete capitales del Caribe continental -desde Riohacha hasta Montería- el alza en los precios de la electricidad supera el 40 por ciento. Los más de 10 millones de habitantes de la Costa Atlántica están sufriendo unos aumentos desproporcionados en sus recibos de la luz por la combinación de las presiones inflacionarias globales y nacionales y la autorización de la Creg a cobros asociados al componente de pérdidas.

Esta luz verde del regulador frente a las pérdidas se ha traducido en subidas de precios, mucho más arriba del ritmo de la inflación. En particular, en las compañías que prestan el servicio de energía eléctrica en el Caribe -Air-e y Afinia-, su porcentaje en el costo del kilovatio es más alto que en el resto del país: 20 y 17 por ciento respectivamente. En simultánea, el uso del Índice de Precios al Productor (IPP) -que ha experimentado graves distorsiones por el entorno global- y su indexación ha asimismo derivado en más altos costos del servicio.

A pesar de que la relación entre IPC e IPP ha cambiado en medio de esta coyuntura específica, cualquier cambio debe generarse con la vista puesta en cómo funcionaría cuando la crisis actual se mitigue o desactiva. En otras palabras, escoger indicadores más favorables desde lo económico requieren una revisión desde los criterios técnicos y de largo plazo. Lo positivo es la creciente atención que el Gobierno Nacional, los reguladores, los gremios eléctricos y las empresas que prestan el servicio en el territorio nacional están prestando a una realidad que ahoga las finanzas de millones de hogares y mina su calidad de vida.

Los gremios -Andesco, Acolgen, Andeg y Asocodis- plantearon al Gobierno en una carta un paquete de medidas en el corto y mediano plazo que incluyen la financiación temporal a través de la cadena y la llamada opción tarifaria, para la aplicación de ajustes segmentados, entre otras. El Ejecutivo, por su parte, habla de un “Pacto por la Justicia Tarifaria”, un conjunto de diálogos con los distintos actores del sector para definir soluciones de corto y de mediano plazo.

Tanto Gobierno y Creg como gremios y empresas tienen en sus manos los distintos instrumentos y decisiones que pueden transformarse en un camino que desemboque en aliviar los altos recibos que hoy pagan hogares y empresas. Este diálogo requiere tanto articulación sectorial como el reconocimiento a las realidades financieras y operativas de muchas compañías de servicio de electricidad, en especial en el Caribe. Una tarifa ‘justa’ se compone asimismo tanto de la preocupación social como de los tozudos factores económicos.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER
framir@portafolio.co
Twitter: @pachomiranda

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