Francisco Miranda Hamburger
Editorial

Mantener la calificación

Todo cuenta para proteger el grado de inversión, tanto la reforma tributaria, como crecer más o impulsar el empleo.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
mayo 11 de 2021
2021-05-11 07:30 p. m.
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Desde el momento en el que el Gobierno retiró el proyecto de reforma tributaria del Congreso, e incluso antes vista la reacción que suscitó el texto, en Colombia se reactivó el temor por la sombra de las calificadoras de riesgo.

Y esta conversación se ha agudizado en los últimos días, tanto que Bancolombia estima que la probabilidad de perder la calificación es de 76 por ciento, mientras que otros analistas resaltan que con la prima de riesgo que paga el país hoy, por la incertidumbre fiscal y la evolución del paro, es como si ya le hubieran rebajado la nota.

Lo primero, el grado de inversión, que es como un sello de las calificadoras internacionales que ‘certifica’ que el país tiene un bajo riesgo de entrar en impago, es importante. Para Colombia, que sufrió en 2020 su mayor choque en décadas y aqueja un hueco fiscal relevante, tener que pagar más intereses por la deuda que necesita seguir pidiendo no sería una buena noticia.

Si bien está el ejemplo de países de Latinoamérica, que han estado en los últimos años por debajo del grado de inversión y siguieron teniendo acceso a los mercados, un alza de casi 1 por ciento en la tasa de interés de la deuda pública, como estimó Corficolombiana esta semana, sería una dificultad adicional que se debería intentar evitar.

Como han mencionado las mismas calificadoras, el ajuste tributario o un plan fiscal ‘creíble’ es la condición para mantener ese grado de inversión. Es por esto que aunque el Gobierno retiró la reforma tributaria, la versión 2.0 que está en creación debe avanzar en su debate legislativo.

Ya hay algunas propuestas encima de la mesa como lo son la de la Andi y la que Anif presentó esta semana, que junto con las primeras pistas que ha dado el Gobierno de cómo podría ser su reforma 2.0, el sentir inicial es que llegar a un texto que genere más consenso, que mantenga el segmento social y que incluya una mayor progresividad tributaria, no está descartado. Y, por supuesto, que convenza a las calificadoras de la sostenibilidad fiscal.

Hay un tercer punto indispensable: que el ajuste fiscal que reclaman las agencias para mantener la nota soberana es el mismo incremento de los ingresos que el país no solo necesita en estos momentos para mantener las cuentas bajo control, sino también es la base, precisamente, para mantener la capacidad de impulsar programas sociales que acaben beneficiando no solo a los más vulnerables, sino a todos los ciudadanos a quienes la pandemia golpeó en sus condiciones socioeconómicas.

Durante la pandemia, las transferencias monetarias y los planes de ayuda al empleo y créditos, entre otras medidas, fueron claves para mitigar el avance de la pobreza e incluso una mayor caída en el empleo, mientras que propuestas como fortalecer los programas sociales, volver permanente Ingreso Solidario o profundizar la devolución del IVA podrían ser fundamentales para empezar el camino de reducirlos.

Por último, Colombia ha gozado siempre de una bandera de responsabilidad fiscal y macroeconómica entre los agentes nacionales e internacionales, por lo que más allá del golpe que podría suponer la pérdida del grado de inversión, no se sabe cuándo una mancha así en la hoja de presentación puede afectar.

Dicho lo anterior, todo cuenta para proteger el grado de inversión, tanto una reforma creíble, como un crecimiento económico robusto, planes para mejorar el mercado laboral, evitar medidas que afecten la actividad y, por supuesto, que el país retome la tranquilidad. Colombia todavía no ha perdido su calificación, por lo que es clave trabajar para mantenerla.

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